En declaraciones a los medios de comunicación en la Torre Espacio, Almeida defendió que el castellano sea lengua vehicular y que se valore el esfuerzo y sacrificio en el estudio. Por tanto, “esto de que se pueda pasar con suspensos los distintos cursos o que no se puedan repetir más de dos cursos no parece muy razonable cuando estamos hablando de la importancia de la educación”.

Además, el portavoz nacional del PP consideró que “no es una buena ley”, porque “nace de la falta de consenso en una cuestión de Estado, que es fundamental”. En este sentido, incidió en que la educación “es esencial para el mejor futuro de una sociedad que está atravesando la crisis económica y social más grave desde la Guerra Civil”.

Por ello, consideró que el mejor futuro para los españoles “pasa por reforzar nuestro sistema educativo” e insistió que “nuestro sistema se tiene que reforzar con el consenso de las principales fuerzas del Estado, porque es una política de Estado y así tiene que ser considerada”, pero “desgraciadamente esto no es lo que ha pasado con la 'ley Celaá”.

Además, criticó las cuestiones relativas al castellano como lengua vehicular, donde “nadie entiende que la segunda lengua más hablada en el mundo, en la cuna de esa lengua, no tenga carácter vehicular en la educación”.

CELAÁ Y SUS HIJAS

Almeida criticó también la falta de capacidad de elección de los padres del centro educativo al que quieren mandar a sus hijos. En este punto, señaló que “una de las cuestiones que más aleja a los ciudadanos de la política es que los políticos no seamos capaces de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos”.

El portavoz nacional remarcó que hablaba de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y se preguntó que “si la ministra fue a un colegio privado y llevó a sus hijas a un centro concertado, por qué no permite que los españoles tengan la misma capacidad y libertad de decisión que ella ha tenido para elegir la educación de sus hijas”.

El portavoz nacional del PP aseguró que no es lógico restringir la educación concertada como se pretende hacer por parte de una ministra que “sí tuvo la capacidad de decidir que para ella lo que más le gustaba era poder llevar a sus hijas a un centro concertado”.

Almeida incidió en que los políticos “no nos permitimos lo que no permitimos a los demás”. Por ello, criticó que, “si la ministra, con todo el derecho del mundo, se aplicó el decreto del artículo 27 de la Constitución que reconoce su derecho a educar a sus hijos respecto a sus derechos y convicciones y decidió llevarles a un centro concertado, por qué no les permite a los demás hacerlo”.