Así lo expresó el delegado del Cermi para los Derechos humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante la reunión en la que se abordaron las circunstancias que exponen en mayor medida a las personas con discapacidad y sus familias a la pobreza y la exclusión social, como la falta de oportunidades en la educación, la violencia y el debilitamiento de mecanismos de protección social.

Durante el encuentro, Martín hizo alusión al último informe de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) en el que se aportaban datos esclarecedores en relación a la tasa de personas con discapacidad en situación de pobreza, situándose en torno al 35,5%.

Y es que, continuó, “si unimos pobreza y discapacidad obtenemos un binomio perturbador puesto que las personas con discapacidad soportamos más gastos y menos ingresos”. ”Tener una discapacidad supone hacer frente a cuestiones de accesibilidad, salud o medicamentos y por supuesto, tenemos menos oportunidades de acceso al mercado laboral, lo que hace que aumente el riesgo de pobreza”, aseguró. Por eso, pidió que los programas que se emprendan de este organismo sean accesibles e inclusivos a este colectivo.

El delegado del Cermi también compartió las conclusiones de un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) sobre violencia en la infancia que revelan que la pobreza, la exclusión los problemas económicos y la sensación de desatención entre las familias y cuidadores de niños con discapacidad pueden ser desencadenantes de violencia contra esta infancia.

NIÑAS CON DISCAPACIDAD

En el encuentro también participó la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Ana Peláez, quien recalcó que “las políticas de infancia no tienen en cuenta el sexo, la discapacidad ni la interseccionalidad” y que “la educación es otro de los factores preocupantes” porque “incrementa el riesgo de pobreza en niñas con discapacidad”.

En este sentido, Peláez alertó de que “el abuso sexual y el bullying que sufren estas niñas con discapacidad a partir de la adolescencia hacen que las decisiones de abandono del sistema educativo sean mayores lo que termina provocando una enorme pobreza que se ha endurecido durante la pandemia”.

INFANCIA Y SALUD MENTAL

Por otra parte, el vicepresidente del Cermi y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, incidió sobre los efectos nocivos que las situaciones de pobreza producen en la ciudadanía, especialmente en la infancia, adolescentes y jóvenes, al tiempo que avisó del incremento de los problemas de salud mental cada vez a edades más tempranas. Así, recordó que “los datos oficiales apuntan que la salud mental es la primera causa de discapacidad en menores de 18 años, situación que se ha agravado por la pandemia”. De esta forma, explicó que uno de cada cuatro menores que ha sufrido aislamiento por Covid-19 tiene problemas de ansiedad o depresión.

Para hacer frente a esta situación, González instó a reforzar las medidas de “promoción de la salud mental en la infancia y sobre detección precoz” de discapacidad psicosocial y pidió la implantación de una asignatura sobre educación emocional en la enseñanza. Precisamente, sobre la atención sanitaria y el diagnóstico, exigió una “mayor implicación” de las administraciones para proporcionar una atención integral y no recurrir a la “sobremedicación o tratamientos inadecuados que cronifican la situación”.

Desde el Alto Comisionado manifestaron su compromiso por poner el foco en las niñas y niños con discapacidad y establecer marcos de colaboración sólidos y permanentes con el movimiento Cermi para sacar a la discapacidad de la foto de la pobreza.