Así lo indicó en un comunicado en el que atribuyó el aumento de las reclamaciones de los contribuyentes al incremento del número de liquidaciones y sanciones que se produjeron desde 2007, “dada la necesidad de lograr ingresos adicionales y de ayudar a cumplir los objetivos de déficit público”.

Como consecuencia de este criterio, señalaron desde Gestha, algo más de un 45% de las liquidaciones son anuladas por los tribunales económico-administrativos, aunque, destacaron que “la peor parte se la llevan las comunidades autónomas, a las que anulan casi el 68% de las liquidaciones tributarias”. Además, añadieron que, posteriormente, quienes recurren ante los Tribunales de Justicia también logran anular el 42% de las liquidaciones tributarias impugnadas.

Así, según el sindicato de técnicos de Hacienda, esta alta tasa de anulaciones en vía económica administrativa, unida a las anulaciones decretadas por los Tribunales de Justicia, “ponen en riesgo algo más de la mitad de la deuda litigiosa que escala por encima de los 11.300 millones solo en la AEAT, es decir, el 62% de la deuda pendiente está recurrida, afectando a los resultados de la lucha contra el fraude”.

Asimismo, Gestha concretó que únicamente un 7,3% de los actos de la AEAT fueron reclamados por los contribuyentes, “principalmente porque algunas liquidaciones de importes menores o denegaciones de aplazamientos o recursos se consienten y no son reclamados”.

Por otro lado, respecto al control del gasto público, los técnicos remarcaron que las limitaciones de sus funciones en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de auditoría pública, así como en la firma de los expedientes de fiscalización, “reducen la eficiencia y calidad del gasto de los servicios públicos”.

Por ello, Gestha defiende la creación de un Cuerpo superior técnico “que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude en la AEAT y Tribunales económico administrativos, y el 90,8% de los funcionarios que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones en la IGAE”.

Asimismo, propone aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos más, “hasta equipararnos a la media de las Administraciones tributarias europeas”, y encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España.

Así, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, pidió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “que admita la aprobación o transacción de las enmiendas presentadas para mejorar la lucha contra el fraude y mejorar el control del gasto, una vez demostrado el trabajo altamente especializado que desarrollan los técnicos en el Ministerio de Hacienda, sobre todo, en momentos como el actual, en los que el aumento del gasto público para hacer frente a la recuperación tras la pandemia requiere un incremento de los ingresos”.