Así, las 60.982 bajas temporales tramitadas en las jefaturas provinciales de Tráfico en 2004 suponían un 4% sobre el total de las bajas definitivas, cifra que se ha pasado a 132.459 en 2019, lo que representa un 50% de las bajas definitivas.

La baja temporal es un procedimiento administrativo por el cual un ciudadano puede comunicar a la DGT que va a retirar temporalmente su vehículo de la circulación, una figura prevista en la normativa, pero que al no estar limitada en el tiempo puede amparar transacciones al margen de la legalidad.

Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, apuntó que hay ciudadanos que deciden retirar su vehículo de la circulación y lo entregan, sin saberlo, a un "desguace irregular" con la confianza de que el coche será dado de baja definitiva cumpliendo la normativa medioambiental y de tráfico.

CARTAS A PROPIETARIOS

Sin embargo, Tráfico afirmó que estos desguaces "irregulares" solicitan la baja temporal y evitan descontaminar el vehículo conforme a criterios ambientales, evadiendo así la obligación de darlo de baja definitiva. Después, dan un nuevo destino al coche o a sus piezas o lo exportan a terceros países.

Para evitar esta práctica, la DGT ha comenzado a enviar una carta a los propietarios de vehículos que han solicitado la baja temporal de su vehículo. La misiva llega al domicilio del titular que consta en el Registro de Vehículos para informarles de la situación administrativa en la que se encuentra el coche, así como recordarle que, pese a la baja temporal, sigue siendo el responsable de la custodia del vehículo.

"Con esta carta esperamos poner en alerta a aquellas personas que han podido ser engañadas, pensando que entregaron su vehículo para ser dado de baja con carácter definitivo y, sin embargo, sólo le realizaron una baja temporal", añadió Gómez.

Esta medida es un paso previo a la modificación reglamentaria que quiere realizar la DGT para establecer un límite temporal a las bajas temporales y evitar así el inadecuado uso de este trámite administrativo.

PRÁCTICA QUE SALTA FRONTERAS

Esta situación no es única en España, sino que también se produce en otros países de la UE, motivo por el cual la Comisión Europea publicó un informe en 2018 relativo al desarrollo de la directiva de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, en la que señala la necesidad de que los Estados adopten medidas “sobre los procedimientos administrativos de las bajas temporales” y “la mejora del conocimiento de la información del Registro de Vehículos” que eviten las situaciones en las que el vehículo no terminaba en un centro autorizado de tratamiento al final de su vida útil.

En 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo publicaron una directiva por la que se establecía por primera vez la obligatoriedad de que todos los Estados miembro de la UE lleven a cabo un tratamiento medioambiental de los vehículos al final de su vida útil.

Esta obligación se hizo efectiva en España en 2004, de modo que a partir de esa fecha el titular del coche que decide retirar de la circulación su vehículo y solicitar su baja definitiva en el Registro de Vehículos debe llevarlo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil para que sea descontaminado conforme a criterios medioambientales. Ese centro emite el correspondiente certificado de destrucción y descontaminación, y procede a la anotación telemática de la baja definitiva en el Registro de Vehículos.