El juez atribuye la condición de investigados al exdirector de Banca Minorista, Antonio Pujol González; al exdirector de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo; al exdirector de la Dirección de Riesgos, Jose María Sagardoy; al exdirector de la Dirección de Auditoria Interna, Jesús Arellano Escobar, y a la exjefa del Departamento de Auditoria Interna, Yolanda García Cagiao.

El magistrado explica en su auto que uno de los hechos investigados en esta causa es la presunta financiación facilitada por el Banco Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, “ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio”.

El juez indica que esta conducta pudo estar orquestada por el consejero delegado, Francisco Gómez; el director de Banca Minorista, Antonio Pujol, y el director de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo.

El auto añade que estos altos directivos mantuvieron reuniones el 24 y 25 de mayo de 2016, los días previos a la ampliación, con los directores territoriales y regionales del banco. En esas reuniones se perfiló la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación de la entidad (a través de pólizas de crédito o préstamos) probablemente, según el juez, con un tipo de interés bonificado.

El magistrado que investiga la causa del Banco Popular considera que departamentos centrales, como el de intervención, riesgos y auditoría, “podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal”.

El auto detalla que en los registros contables del Popular se asentaban las operaciones de activo con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, la inversión en la ampliación de capital; una conducta que implicaría una grave alteración de la contabilidad del Banco.

“Se tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial del Banco para que procedieran en el sentido indicado, presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo (PwC) y del supervisor bancario (BCE)”, señala en el auto.

Por todo ello, el juez considera que aparte de la participación que pudieran tener en estos hechos querellados como Ángel Ron, Francisco Gómez y Javier Moreno, en este momento es necesario ampliar la imputación a estos cinco directivos. Todos ellos, salvo Yolanda García, aparecen expresamente citados en un informe de 2 de octubre de 2017, elaborado por dos vicesecretarios del Consejo de Administración, en el que se les atribuía su participación en la operación investigada.

Respecto a la ex jefa del Departamento de Auditoría Interna, Yolanda García, que no viene mencionada en el citado informe, el juez explica que fue citada expresamente por uno de los autores del informe; además, por razones de su cargo, el magistrado considera “altamente improbable que no estuviera al tanto de una práctica tan irregular como frecuente, pues abarcaba a toda la red comercial de BP”.

El juez recuerda que en la presente causa ya han comparecido testigos que participaron en la ampliación de capital y que aseveraron de forma inequívoca que los directivos del Banco les ofrecieron sin ambages financiación para participar en dicha ampliación.

Por último el juez precisa que en el caso de Yolanda García, Jesús Arellano y José María Sagardoy, la investigación se extenderá a otros ámbitos como su conocimiento de la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y su impacto en la provisión de la cartera de créditos del Banco.