Los eurodiputados del PP enviaron hoy una pregunta al Consejo de la UE, que estableció estas sanciones en 2017, en la que se interesa por “la valoración que hace el Consejo de que el Gobierno español haya permitido entrar a una persona sancionada en territorio de la Unión”.

Lo hicieron después de que el Tribunal Supremo dijese ayer que la estancia de Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas supuso "una vulneración de la expresa prohibición" del Consejo de la UE de permitir su entrada en el territorio de la Unión, establecida en las decisiones PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) aprobada por dicho Consejo relativas a la situación de Venezuela.

En la pregunta, elaborada por el eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, se recuerda que “las orientaciones adoptadas por el Consejo en materia de sanciones establecen que “medidas como las restricciones de la admisión son aplicadas directamente por los Estados miembros, que tienen la obligación legal de actuar de conformidad con las Decisiones PESC”.

Por tanto, los eurodiputados populares preguntaron “qué valoración hace el Consejo de que el Gobierno español haya incumplido, de manera de momento impune, su obligación legal de actuar de conformidad con una Decisión PESC”.

La Sala II del Tribunal Supremo archivó ayer la causa derivada de las querellas del Partido Laócrata y de Vox por delito de prevaricación contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela en territorio español en enero de este año, pese a que lo tenía prohibido por la UE.

El Alto Tribunal informó este jueves de que los magistrados rechazan así las denunciadas presentadas por el posible incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea al entender que puede estar sometido a control político, pero no a responsabilidad penal.

El análisis del Supremo parte de los hechos notorios de que Delcy Rodríguez entró en territorio español en un avión Falcon en la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas, estancia que implicó "una vulneración de la expresa prohibición" del Consejo de la UE de permitir su entrada en el territorio de la Unión.