Según informó el Ministerio, junto a la ministra asistieron al acto de firma el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola; el secretario general de Función Pública, Javier Rueda; y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel. Por su parte, los sindicatos estuvieron representados por Eva Fernández (CSIF), Victoria Carrero (UGT) y Rubén Méndez (CIG).

Durante el acto, Darias subrayó que es necesario “consolidar de manera efectiva la igualdad de trato y de oportunidades del personal al servicio de la AGE, la garantía y erradicación de cualquier forma de discriminación directa o indirecta por razón de sexo en la Administración pública”.

Para ello, Función Pública indicó que en el diseño del III Plan se han integrado los enfoques tanto del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades como del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ‘5 igualdad de género’, ‘8 trabajos decentes’ y ‘10 reducción de las desigualdades’.

Asimismo, la ministra Darias resaltó que, a diferencia de planes anteriores, el Plan incluye medidas de carácter transversal, de aplicación al conjunto de la AGE, para avanzar en la homogenización y disponer criterios y acciones comunes, lo que no excluye que los diferentes departamentos ministeriales y sus organismos dependientes puedan desarrollar medidas específicas en base a estas medidas transversales.

El Ministerio también destacó que el III Plan de Igualdad de la AGE se ha desarrollado en el marco del Grupo de Trabajo de la Comisión Técnica de Igualdad, bajo la coordinación de la Dirección General de Función Pública, y que ha contado, además de con la participación de las organizaciones sindicales (CSIF, UGT, CCOO y CIG), con todos los departamentos ministeriales y sus unidades de Recursos Humanos e Igualdad, el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El III Plan cuenta con 68 medidas de carácter transversal, articuladas en seis ejes de actuación: medidas instrumentales para una transformación organizativa; sensibilización, formación y capacitación; condiciones de trabajo y desarrollo profesional; corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; violencia contra las mujeres; e interseccionalidad y situaciones de especial protección.