Fuentes del Ejecutivo apuntan que desde el departamento de Vivienda, integrado en el ministerio que dirige José Luis Ábalos, está “ultimándose” con la cartera de Justicia, que lidera Juan Carlos Campo, la medida que se quiere implementar con un real decreto “concreto” para esta cuestión.

Se está definiendo, trasladan desde el Gobierno, la figura del desahaucio para encajarla en el ordenamiento jurídico porque, además, de lo que se trata no es tanto prohibir el desahucio como suspenderlo para los casos de vulnerabilidad sin solución habitacional.

El Ejecutivo lleva tiempo trabajando en este asunto para sumar a la actual moratoria de desahucios a causas sobrevenidas por la pandemia –acaba el 31 de enero-, los casos precovid, “porque el que era pobre ya lo era antes”, y prolongarlo hasta final de alarma.

Reconocen que en el decreto se buscará la implicación, por un lado, de las comunidades autónomas -con las soluciones habitacionales porque son las que tienen las competencias en vivienda- y, por otro, de los ayuntamientos, que tendrán que elaborar a través de los servicios sociales para certificar la vulnerabilidad de esas personas y así separarlo del movimiento okupa.

Desde el Ejecutivo admiten que están estudiando, con el Ministerio de Transición Ecológica, sumar en este decreto la prohibición de cortar suministros como luz, agua y gas a colectivos vulnerables, máxime en el invierno.