La iniciativa coincidió con el primer aniversario de la muerte de Alma, una perra que fue disparada por un cazador y arrastrada moribunda por el suelo en Chantada (Lugo). El vídeo de este suceso se viralizó y desencadenó decenas de concentraciones de repulsa convocadas por Pacma, que se personó como acusación popular en este caso, que avanza en los tribunales.

La presidenta de Pacma, Laura Duarte, entregó en la Cámara Baja una carta dirigida al Gobierno apoyada por 235.000 personas en la que urge a impulsar una reforma del Código Penal que garantice que los maltratadores de animales cumplan condenas ejemplares y disuasorias. Además, esta formación política ha dirigido una carta a todos los grupos parlamentarios para que se impliquen contra el maltrato animal y apoyen o impulsen una modificación del Código Penal en este sentido.

Esta medida es una reivindicación histórica del movimiento animalista en España para acabar con la impunidad de los maltratadores de animales. Duarte estuvo acompañada de personas voluntarias que acudieron con sus perros para dar voz de forma simbólica a los animales maltratados y abandonados cada año en España.

"La agonía hasta la muerte de Alma o los brutales ataques contra animales como Grisito, Marina o Ragnar no pueden caer en el olvido. Sus crímenes son prácticamente impunes en nuestro país. Los maltratadores de estos animales, sólo algunos de los miles que son maltratados cada año en España, son una vergüenza que nos empequeñece como país. Mientras no existan condenas ejemplares para los maltratadores de animales, que garanticen la entrada en prisión, seremos una vergüenza en Europa. Seguiremos siendo el país que arrastra peores cifras de abandono y maltrato animal", indicó Duarte.

Por ello, Pacma exige al Gobierno y a los grupos parlamentarios que no se excluya a ningún animal de la tipificación del delito de maltrato animal, de forma que también los animales silvestres estén amparados; que el delito de maltrato animal tipificado en el Código Penal sea castigado con penas superiores a los dos años de prisión; y que se elimine del artículo 337 del Código Penal el requisito de causar "lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal".

También reclama que la inhabilitación para la tenencia de animales, profesión, oficio o comercio que tenga relación con ellos se establezca en un mínimo de 20 años, y que a las personas condenadas por delitos de maltrato animal se les inhabilite para la posesión de permiso de armas y licencia de caza.