Según destacó USO, uno de estos ERTE afectaría a 22 trabajadores de la plantilla pertenecientes a los centros de trabajo de Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunitad Valenciana y Galicia, con efectos desde el día 26 de octubre y hasta el 31 de enero, mientras que el segundo ERTE solicitado en los mismos términos, y que también ha sido denegado, afectaba a 194 trabajadores de Canarias y Cataluña, grupo de trabajadores correspondiente a los trabajadores despedidos en el ERE nulo declarado por la Audiencia Nacional.

En concreto, la Dirección General de Trabajo concluye que no se constata la existencia de la fuerza mayor alegada para autorizar los ERTE, ya que, por un lado, no está acreditado que los trabajadores afectados hayan sido reincorporados de forma efectiva a la plantilla de Ryanair, y, por otro, que no se ha probado que la actividad de la empresa se encuentre impedida o limitada por decisiones de las autoridades.

USO recordó que los sindicatos con representación en Ryanair presentaron un informe ante la Dirección General de Trabajo en el que denunciaban “la irregular comunicación a los representantes sindicales; la ausencia total de comunicación a los trabajadores afectados; la situación de readmisión irregular de los afectados, despedidos en enero de 2020 (no se les programan vuelos y no cobran salarios), y el incumplimiento del fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de los despidos, así como la pretensión de Ryanair de cargar a las arcas públicas el coste de la readmisión de los despedidos”, por lo que solicitaban que no fuera autorizado el ERTE.

Asimismo, Trabajo solicitó un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se concluía que la solicitud de ERTE realizada por Ryanair no se ajustaba a la legalidad, ya que los 194 trabajadores que fueron despedidos en el ERE carecían de vínculo contractual cuando se declaró el estado de alarma, y que no se habría reactivado tras el fallo de la Audiencia Nacional, sin constar que dichos trabajadores hayan sido reincorporados a la empresa.

Inspección de Trabajo también determina que Ryanair persigue con este procedimiento que el SEPE asuma, vía prestaciones por desempleo, el pago de los salarios de tramitación que adeuda a los despedidos, e insiste en que la empresa está obligada a la readmisión efectiva de los 194 trabajadores despedidos y “sólo cuando ésta declare que dicha readmisión se ha producido de acuerdo con el fallo, y no antes, podría la empresa plantear una solicitud de autorización de un ERTE suspensivo, careciendo hasta ese momento de objeto el procedimiento de regulación temporal de empleo”.

Por todo ello, USO advirtió este sábado que “Ryanair, llegado el periodo navideño y tras meses sin pagar los salarios adeudados a los trabajadores ilegalmente despedidos en un ERE nulo, ahora pretende aprovecharse de los fondos públicos, mientras anuncia reservas de efectivo por valor de 4.500 millones de euros”.

En este sentido, desde la sección sindical de USO en Ryanair afirmaron que “una empresa a la que no le importa lo más mínimo lo que le digan Inspección de Trabajo, la Dirección General de Trabajo y los jueces, que se empeña en mantener a los trabajadores ilegalmente despedidos sin sus salarios y que se jacta de tener 4.500 millones de euros de liquidez, no puede recibir ayudas estatales”, y concluyó agregando que “esta empresa requiere de implicación política para frenar los continuos abusos e ilegalidades que comete o pretende cometer”.