La actualización de esta ley tiene previsto mejorar las infraestructuras científicas, tecnológicas e innovadoras, tanto desde el punto de vista de su capital humano como desde la transferencia de resultados de la actividad investigadora al ámbito público y privado.

En este sentido, en lo relativo a la reforma de la carrera profesional, el Cermi propone que se tenga presente y se mencione “expresamente” a las personas con discapacidad como una parte de los profesionales de la carrera investigadora, y que remueva los obstáculos a los que se enfrentan con medidas positivas que promuevan y fomenten de manera eficaz su participación, presencia y progresión dentro de dicha carrera.

El Cermi también destaca que, sobre esta nueva regulación, se deben proyectar las medidas legales sobre el cupo de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad (7% en empleo público; 2% en empleo privado), adoptando medidas favorables para su plena inclusión y revertir así las situaciones de desigualdad de las que parten estas personas.

Además, plantea que se incluya un precepto específico a las entidades sociales no lucrativas integradas en el Tercer Sector de Acción Social y en el sector social de la discapacidad como “operador relevante reconocido del sistema español, con presencia y participación en representación de la sociedad civil organizada, en la gobernanza del mismo”.