Contratación pública

El Gobierno establece que el 15% de los contratos de la administración central se reserven para empresas de inserción y de discapacidad

MADRID
SERVIMEDIA

La a Administración General del Estado (AGE) tendrá que reservar al menos el 15% de sus contratos públicos para empresas de inserción y empresas de inclusión para personas con discapacidad de iniciativa social (antes centros especiales de empleo).

Así lo establece un acuerdo del Consejo de Ministros impulsado por los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Hacienda y Derechos Sociales, en el que se desarrollan las condiciones de aplicación de esta medida, cuyo objetivo es impulsar la inclusión laboral de estos colectivos.

Esta es una demanda sostenida en el tiempo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entidad que agradeció el proceso de “diálogo” e “interlocución” de la norma con el Gobierno.

El texto, que debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y al que ha tenido acceso Servimedia, establece que el porcentaje mínimo se calculará sobre el presupuesto base de licitación, IVA incluido, de los contratos correspondientes a una serie de actividades identificadas mediante códigos CPV. Entre ellas figuran los servicios de limpieza, lavandería, hostelería y catering, transporte, imprenta, recogida y reciclaje de residuos, mantenimiento, servicios sociales, almacenamiento y reparto, trabajos administrativos y formación profesional, entre otras.

El objetivo tendrá carácter plurianual y su cumplimiento se evaluará tomando como referencia periodos de tres ejercicios presupuestarios consecutivos. Cada ministerio y entidad pública deberá calcular el importe mínimo de contratación reservada que le corresponde a partir de la media anual de los contratos licitados durante los tres años anteriores.

La medida será aplicable a todos los órganos de contratación del sector público estatal. Los departamentos ministeriales y organismos públicos deberán incluir los contratos reservados en sus planes anuales de contratación, con indicación de su importe estimado y la fecha aproximada de licitación. También tendrán que publicar esta programación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El acuerdo establece, además, un sistema de seguimiento anual para comprobar el grado de cumplimiento del objetivo. Los resultados se recogerán en informes que se elevarán al Consejo de Ministros durante el primer semestre del año siguiente y que podrán incorporar indicadores sobre los efectos de la medida en la competencia y la calidad del empleo.

Para coordinar su aplicación, se creará un grupo de trabajo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con representación de este departamento y de los ministerios de Hacienda y Derechos Sociales. También podrá contar con la participación de organizaciones representativas de la economía social, empresas de inserción, entidades vinculadas a la discapacidad y agentes sociales.

En cuanto a las condiciones de contratación, el acuerdo establece que, como regla general, no se exigirá garantía definitiva a las empresas adjudicatarias. Asimismo, los pliegos deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones salariales y laborales del convenio colectivo sectorial correspondiente y evitar que la subcontratación desvirtúe la finalidad social de la reserva.

El acuerdo será aplicable a partir del ejercicio siguiente al de su publicación en el BOE. No obstante, las obligaciones relativas al cumplimiento del porcentaje mínimo del 15% y su seguimiento y evaluación serán exigibles desde el 1 de enero de 2028.

(SERVIMEDIA)
18 Nov 2026
DMM/clc