El artículo 10 de la Convención, sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad, obliga a los Estados parte a reafirmar el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de este derecho por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás.

Desde la Federación se entiende que "una ley de este calado no puede nacer con falta de consenso entre los partidos políticos, más allá de las discrepancias que puedan existir entre ellos, porque el resultado de la aprobación de las normativas afecta a los ciudadanos de una manera muy importante".

La Federación también alerta de que "no es adecuado vincular la muerte a las personas con discapacidad porque desvirtúa el principio de integración y de normalización de sus vidas en la sociedad". También quieren manifestar que la discapacidad es "un problema cuando el entorno social perjudica, pero en ningún momento se sufre si no fuera porque el entorno perjudica la vida de estas personas, junto con la falta de ayudas para su asistencia e integración. Esto sí les genera dicho sufrimiento".

"Es evidente que el nacimiento de la normativa choca con la Convención por lo que, simplemente, se quiere manifestar una circunstancia legal que puede ir en contra de su aprobación. Se entiende la situación por la que algunas personas pueden estar pasando y que no es una situación fácil de resolver, pero no debe utilizarse la discapacidad como un instrumento para aprobar una normativa de un impacto ético y social tan alto", ratifica la Federación en su comunicado.

La Federación requiere que, cuando nace una persona con discapacidad, se conceda a las familias todo tipo de información y ayudas, con el fin de tomar una decisión adecuada a las circunstancias que van a vivir todas las partes que se conformarán como un núcleo familiar o social.