En el escrito, la formación liderada por Alberto Garzón reitera su petición de que se investigue a Juan Carlos I y a sus presuntos testaferros, su primo Álvaro de Orleans, el abogado Danto Canónica, y el coronel Nicolás Murga Mendoza, así como al empresario mexicano donante de fondos Allen Sanginés Krause, por la comisión de hasta 13 delitos: cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y corrupción entre particulares.

IU señala que ya ha sido publicado en varios medios de comunicación el pago de una “comisión o dádiva” de 65 millones de euros por la casa real saudí en 2008. Este regalo está siendo ya investigado por la Fiscalía suiza.

Según IU, el monarca emérito depositó el dinero en entidades bancarias suizas que le dieron una rentabilidad anual del 7% que nunca fue declarada a la Hacienda pública. Señala igualmente que en septiembre de 2018 la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria informó de que el Rey emérito no había presentado ninguna declaración informativa sobre bienes en el extranjero, de los que no había constancia alguna.

Además, IU quiere que se investiguen las informaciones aparecidas en prensa que indican que Juan Carlos I podría haber recibido también donaciones millonarias de Bahréin en 2010 y de Kazajistán en 2002. Igualmente, solicita que se estudie el uso de tarjetas opacas al fisco por el emérito y varios miembros de su familia.