La Fadsp subrayó que esta aprobación "supone un alivio para todas aquellas personas que no quieren verse sometidas a un sufrimiento innecesario cuando no tienen otra alternativa razonable a su enfermedad grave e incurable o padecimiento grave y crónico".

Además, para esta Federación "es un reconocimiento del derecho a decidir que asiste a cada persona en relación con el hecho de cuándo, cómo y dónde morir si nos encontramos ante procesos, como los ya referidos, causantes de sufrimiento y pérdida de calidad de vida. Por otro lado, la Ley no obliga a nadie y concede al profesional sanitario la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia".

En cuanto a la objeción de conciencia, desde la Fadsp señalaron que debería garantizarse también, "debería ser regulada de manera más detallada pues ha servido en algun caso del que hay experiencia (la regulación del aborto) para impedir su práctica en los centros públicos y entendemos que ello debería de garantizarse, en ambos casos (aborto y eutanasia)".