Así lo confirmó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en entrevista con ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta recogida por Servimedia, donde explicó que el sector Horeca y comercio son de los que están siendo “más golpeados por la crisis” y, por eso, también se ha dirigido a ellos buena parte de las medidas.

A título de ejemplo, indicó que están siendo de los más beneficiados por los avales del ICO, con 36.000 millones de euros en créditos proporcionados al sector gracias a dichas garantías, además de haber recibido el mayor soporte en términos de expedientes de regulación temporal de empleo o en las ayudas directas que suponen las prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos, con “peso muy importante en este sector”.

Según detalló, las nuevas medidas están enfocadas a completar las iniciativas ya instrumentadas “para acompañarlos en estas semanas, estos meses que todavía quedan por delante” y darles “una mayor certidumbre para que planifiquen 2021”, tratando “de minimizar sus costes” y de darles un mayor espacio para que puedan planificar sus campañas para el próximo año y encauzar “la fase de crecimiento económico que todos confiamos llegará”.

Calviño se mostró confiada en que irá igualmente al Consejo de Ministros el real decreto ley sobre los desahucios tras haber “estado trabajando todo el fin de semana para lograr un texto que aúne el difícil equilibrio entre la protección de los colectivos más vulnerables y la protección de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos”.

Asimismo, detalló que la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “ha estado afilando y ajustando el texto para ver si se puede también incluir en el Real Decreto Ley” la normativa que prohíbe el corte de suministros básicos (agua, luz, gas, etc) durante el estado de alarma.

“Espero que podamos tener todo el texto cerrado para que pueda entrar todo mañana”, confió, aunque precisó que son cuestiones “tremendamente complejas, que afectan a multitud de personas, de familias y de agentes del conjunto de la sociedad, y también a la percepción que tengamos de nuestra propia seguridad jurídica” y ello obliga a “hacer las cosas bien”.

En este punto reivindicó que la “determinación” del Gobierno para proteger a los colectivos más vulnerables “está clarísima”, como lo refleja que actualmente ya exista una prohibición para los desahucios hasta el 31 de enero para los colectivos vulnerables, y el Ejecutivo ha analizado si había que modificar la calificación de colectivo vulnerable o extender en el tiempo.

“A nadie se le escapa de que no se trata de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y automáticamente van a aparecer las soluciones habitacionales”, detalló, subrayando que se trata de “reforzar” además los servicios sociales y “proporcionar una vivienda, aumentar el parque de viviendas sociales”, razón por la que en marzo ya se reforzó la financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales para que pudieran atender a los colectivos más vulnerables. “Ojalá fuera tan fácil como cambiar un artículo en una ley y resolver problemas que son tan complejos”, indicó.

Otra de las medidas que podría ir mañana al Consejo de Ministros es el real decreto ley que atacará los cuellos de botella en la administración “para agilizar todo el proceso de ejecución de los fondos”.