Así se deduce del estudio realizado por Ammfeina, asociación catalana que trabaja por la inserción de personas con problemas de salud mental, y Dincat, principal organización de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la región.

Según apuntaron, “el fuerte impacto de la pandemia ha sido la gota que ha colmado el vaso para un sector que ya empezó 2020 con gran fragilidad económica”.

El sector arrastra además una “infrafinanciación que se vio agravada por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional”, que en tres años ha implicado un aumento del 35% en los gastos laborales.

Por ello, el sector de la salud mental y de la discapacidad intelectual en Cataluña exige “un plan de choque” a la Generalitat para superar la situación.

Según ambas entidades, dicho plan debería recoger “medidas específicas para hacer frente al impacto de la pandemia” y una mejora de las subvenciones que permitan a estos centros amortizar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, a fin de acabar “con su histórico déficit estructural”.