El organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital había salido al mercado con un precio igual al de la actual referencia de deuda a diez años más un diferencial o ‘spread’ de 8 puntos básicos.

Al comprobar el fuerte apetito inversor, decidió ajustar el precio para economizar costes y ha cerrado finalmente la colocación con un diferencial de apenas 4 puntos básicos y una demanda formal final cursada de “entorno” a 55.000 millones de euros.

Se trata de una demanda superior a la obtenida en la sindicación al mismo plazo que tuvo lugar en enero de 2020, antes del comienzo del primer confinamiento general de marzo de ese año, y que le ha permitido situar el cupón del nuevo bono en el 0,10%.

Su abaratamiento permite bajar además el coste total de toda la deuda pública en circulación a un nuevo mínimo histórico del 1,83% y elevar su vida media a los 7,77 años. Con esta sindicación de 10.000 millones, el organismo lleva emitido además ya un total de 22.999 millones de euros, a un coste negativo del -0,08%.

“La demanda final se ha repartido entre 292 cuentas inversoras de naturaleza muy diversificadas y de muy alta calidad”, según ha detallado el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, subrayando que el 79,4% de la emisión la han adquirido inversores no residentes y eso “pone de manifiesto su confianza en la economía española”.

Del porcentaje en manos de inversores foráneos destacan los originarios del Reino Unido e Irlanda, con un 15,4% de la operación; seguidos por los de Francia e Italia con un 14,7%; Alemania, Austria y Suiza, con un 9%, los países escandinavos con un 8,5%, y otros inversores europeos con un 13,6%.

Por su parte, Asia ha participado con un 11,5% de la transacción, más de lo habitual en estas sindicaciones, mientras que Oriente Medio ha alcanzado el 4,3% y Estados Unidos y Canadá un 2,1%. Otros inversores han obtenido un 0,3% de la emisión.

Según el tipo de inversor, la mayor cuota la han adquirido las gestoras de fondos, ya que se han hecho con un 44,6% de los títulos; seguidos por las tesorerías bancarias, con un 20,8%, las aseguradoras y fondos de pensiones con un 15,8%, y otros servicios bancarios, con un 6,3%. Los bancos centrales e instituciones oficiales han participado con un 6,3%, los fondos apalancados con un 5,5%, y otros inversores han representado un 0,7%.

El bono emitido hoy y que vence el 30 de abril de 2031, se enmarca dentro de la estrategia del Tesoro de acelerar de forma proactiva sus colocaciones para contar con recursos para hacer frente al impacto de la crisis derivada de la Covid-19 e implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la operación han participado el Santander, BBVA, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Société Générale como directores de la emisión, y el resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.