Tras la publicación del primer 'Informe del Monitor de Impacto de la Covid-19 en Servicios Sociales', investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza, publican el segundo en el que analizan el alcance de la pandemia en los Servicios Sociales. El estudio está financiado por el Instituto de la Administración Pública (INAP).

Los servicios sociales de las seis comunidades autónomas citadas también alertan de la soledad, impotencia y depresión de familias que antes estaban "integradas" pero a las que por no llegar el ERTE o por haberse acabado se les agotan los ahorros y no tienen manera de generar ingresos.

Pese a la heterogeneidad de la muestra, se identifican en líneas generales la llegada de nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento nunca habían estado en Servicios Sociales. Las profesionales entrevistadas alertan sobre las posibles consecuencias de la falta de atención presencial durante tantos meses. Se destaca la importancia de la presencialidad en su función de trabajadoras sociales y las limitaciones que conlleva la atención virtual cuando es necesario valorar la situación de una persona o de una familia. La falta de información de los casos, derivada de la falta de observación, es la consecuencia más destacada por parte de las trabajadoras sociales. De ahí que expresen la necesidad de volver a la presencialidad (de manera controlada y con protección) y de reactivar el trabajo social con grupos y comunitario para recuperar la razón de ser de su trabajo: la intervención social.

Después del 'boom' de los primeros meses donde la demanda creció, han sido capaces de retomar las intervenciones previas con personas usuarias “de toda la vida” y compaginarlo con los nuevos perfiles detectados (nuevas personas usuarias que se quedan sin ahorros o vinculados a la economía sumergida, personas de origen extranjero y solicitantes de asilo, familias que no reciben respuesta de la solicitud del IMV y personas con situaciones psicológicas severas como consecuencia de la pandemia).