Según informó este jueves la asociación de consumidores, su escrito cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania. Asufin detalla que en su denuncia incide de forma específica en la necesidad de garantizar “el principio de transparencia en la contratación con los consumidores”.

En concreto, pide “condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores”, siguiendo así las exigencias de la directiva europea. Asimismo, aboga por suprimir de manera definitiva el índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español y a eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.

La denuncia fue presentada ayer ante la Comisión Europea por vía telemática y podría conllevar igualmente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a la revisión de toda la doctrina del Supremo, según Asufin.

En apoyo de su denuncia, Asufin argumenta que el Supremo “no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica”, provocando con dicha inseguridad jurídica que los jueces “se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019”.

Ha sido después de esas peticiones a instancias europeas cuando, según agrega, el Supremo ha tenido que corregir “muchas veces” su criterio, provocando que “muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas”.

“Los consumidores estamos cansados de amanecer en el día de la marmota una y otra vez, en una situación de inseguridad jurídica que nos es buena para nadie”, indica la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, esperanzada de que, con la denuncia, “la Comisión Europea tome cartas en el asunto” y “nuestro Alto Tribunal recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva”.

En su exposición, la asociación sostiene que el Supremo “no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores”. Entre ellos apunta a cuestiones como la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, el vencimiento anticipado o el IRPH.