Según informaron a Servimedia fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta subida se suma a la de noviembre, que llegó tras dos revisiones a la baja en julio y septiembre, que se produjeron después de que se suspendieran las revisiones bimensuales de marzo y mayo al resultar en subidas del precio, en virtud de la decisión del Gobierno de no aplicar dichos incrementos para mitigar el impacto económico del coronavirus en las familias.

Este nuevo precio, que es ligeramente inferior al de hace un año (13,37 euros), estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de marzo, cuando se revisará de nuevo según las cotizaciones internacionales.

Esta revisión bimensual del precio se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones. En esta ocasión, sin este límite, hubiera subido un 6,25%.

El ascenso de esta revisión se debe a la subida de la cotización internacional de la materia prima (+16,85%) así como de los fletes (+36,17%).

Con la actual fórmula de fijación del precio la bombona acumula un descenso del 24% desde marzo de 2015, cuando se alcanzó el máximo de 17,5 euros. El mínimo se produjo en julio de 2016, cuando bajó hasta los 11,27 euros.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a ocho kilos e inferior a 20, cuya tara sea superior a nueve kilos. Se trata de una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Actualmente se consumen 68 millones de envases de GLP de distintas capacidades, de los cuales 53 millones se encuentran sujetos al precio máximo regulado (el 78%). Se trata de un combustible en retroceso ya que desde 2009 el consumo total de estas bombonas ha descendido más de un 20%.