En su fallo, la magistrada también reconoce la “debida y razonable” diligencia profesional del periodista que publicó la noticia y la veracidad de sus fuentes, pero destaca que el estilo de redacción de la noticia afectaba al honor del demandante y que este derecho prevalece sobre el de la libertad de información.

Según la FAPE, se trata de una sentencia “inaudita”, que impone “una censura preventiva a la revista”, a la que prohíbe publicar cualquier tipo de información relacionada con la noticia además de borrar la publicación y todos los mensajes en redes sociales sobre ésta. También le exige el pago de una indemnización de 5.000 euros al demandante y la publicación de la sentencia en su web y en los periódicos 'El País' y 'El Mundo'.

En su comunicado, La FAPE se une a la Federación Internacional de Prensa (FIP), que rechazó que “publicar una noticia veraz y elaborada según los parámetros profesionales del periodismo y publicada sin contener ofensas personales pueda suponer una violación del derecho al honor”. “La imposición de una censura previa supone una amenaza a la libertad de información impropia de un país democrático”, recalcó.

Para la FAPE, “el derecho a informar sobre un hecho concreto consecuencia de un procedimiento judicial no se puede limitar”, por lo que “cabe entender la decisión judicial como una censura a informar sobre un hecho puntual”.