El Ejecutivo responde que está preparando una ley de ciberseguridad que establecerá “los criterios, obligaciones, garantías de cumplimiento y los efectos derivados en aquellos casos en que no pueda acreditarse un entorno seguro o cuando se determine que un proveedor es de alto riesgo”.

“En ese entorno, no se establecen prohibiciones explicitas para ninguna empresa, pero sí se desarrolla un marco de confianza y seguridad de obligado cumplimiento que tomará en consideración todos los aspectos referidos en la ‘toolbox’ europea, incluida la identificación de proveedores de alto riesgo”, señala la contestación, a la que ha tenido acceso Servimedia.

El Gobierno de Pedro Sánchez subraya que defiende una posición europea “clara y firme” en relación con la definición de proveedor de alto riesgo y sus implicaciones.