Un mercenario afirma que el Gobierno portugués ordenó guardar silencio sobre los GAL
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El mercenario portugués Rogerio Fernando Carvalho da Silva, condenado por su participación en varios atentados de los GAL, aseguró hoy ante la Audiencia Nacional que el Gobierno de su país ordenó guardar silencio sobre la “guerra sucia” contra ETA por tratarse “de un secreto de Estado”.
Carvalho da Silva, que fue contratado por los expolicías José Amedo y Michel Domínguez junto con otros dos compatriotas para perpetrar los atentados contra los bares “Batzoki” (Bayona) y “Consolation” (San Juan de Luz), aseguró que la orden de silencio sobre los GAL partió del actual presidente de Portugal Aníbal Cavaco Silva, que entre 1985 y 1995 fue primer ministro del país.
El mercenario hizo estas afirmaciones tras negarse a contestar a algunas de las preguntas que se le plantearon en el juicio que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra el ex jefe superior de la Policía en el País Vasco Miguel Planchuelo por haber presuntamente ordenado y organizado la financiación de los atentados cometidos por los GAL –a través de sicarios portugueses- en febrero de 1986 contra los bares “Batzoki” (Bayona) y “Consolation” (San Juan de Luz), que se saldaron con ocho personas heridas.
Carvalho da Silva, que declaró por videoconferencia desde una cárcel de Portugal, formó junto a Antonio Jorge Ferreira Cisneros y Paolo Figueirido Fontes el comando de los GAL que cometió los atentados.
A pesar de negarse a contestar a varias de las preguntas, el mercenario confirmó los detalles de la operación, desde el momento en que Amedo y Domínguez contactaron con ellos en 1985 hasta la semana de febrero del año siguiente en el que pasaron a Francia para cometer los atentados.
Pero en su relato no hizo ninguna referencia sobre el acusado. De hecho, dijo que ni siquiera conoce a Planchuelo y que, por lo tanto, no tuvo relación con el ex jefe superior de la Policía en el País Vasco durante su actividad en los GAL.
Carvalho da Silva dijo además que nunca recibió órdenes del Gobierno español y que las instrucciones las recibía de “la autoridad policial y de los servicios secretos”. “Hasta hoy no me han pagado nada”, dijo por último el mercenario portugués.
La acusación popular solicita un total de 114 años de cárcel para Planchuelo al acusarle de varios delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos. La Fiscalía no ejerce la acusación al entender que “no se puede considerar autor” a Planchuelo, según se recoge en su escrito de conclusiones.
(SERVIMEDIA)
05 Abr 2011
DCD/caa