Según informa Fundación Savia, la misiva ha sido enviada también al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y la Agenda 2030, Pablo Iglesias, y a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Además de la Cañada Real, Fundación Savia alerta sobre la situación en Distrito Norte (Granada); Font de la Pólvora (Girona); El Puche, la Chanca y El Quemadero (Almería); Sant Roc (Badalona) o Polígono Sur (Sevilla).

Según advierte esta fundación, estos barrios, que cifra en 12, “sufren desde hace meses -y, en algunos casos, años- persistentes interrupciones de suministro eléctrico que imposibilitan que puedan tener unas condiciones de vida dignas”.

A este respecto, añade que “la gravedad del asunto afecta, además de al día a día de las familias, a la vulneración de los derechos humanos como la educación o la salud”. “Una situación que resulta especialmente preocupante en el caso de la infancia y de aquellas personas que padecen algún tipo de enfermedad que requiere de suministro eléctrico continuo para tratar sus dolencias”, prosigue.

Por último, lamenta que “la respuesta de las administraciones públicas ha sido de indiferencia o criminalización, vinculando estos cortes de luz con la producción de marihuana mientras las compañías eléctricas aumentan sus beneficios millonarios con subidas en el precio de la luz y dejan sin suministro permanente a numerosas familias”. Las administraciones y las eléctricas desoyen sus obligaciones con la ciudadanía y se alejan de la protección de los derechos fundamentales.

Con ello, Fundación Savia se suma a más de un centenar de organizaciones que han solicitado al Gobierno que “asegure el suministro a estas comunidades y que evite que las administraciones públicas emitan mensajes estigmatizadores hacia quienes sufren las consecuencias de los cortes de electricidad”.