El Ejecutivo se ha pronunciado sobre esta cuestión en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, donde se habían interesado por este asunto los diputados de Vox Macarena Olona, Carlos Fernández-Roca y Julio Utrilla, que querían saber qué se iba a hacer al respecto desde La Moncloa.

En la contestación, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Gabinete de Pedro Sánchez afirma que “ninguna comunidad autónoma tiene competencia para gestionar el espacio aéreo y ultraterrestre”, por lo que “cualquier normativa de este tipo de carácter autonómico no respetaría el marco jurídico vigente”.

En todo caso, el Gobierno afirma que desde la Administración central se garantiza “la unidad de acción en materia de seguridad aeroespacial”, en clara alusión a que se frenarían los planes de la Generalitat catalana de lanzar una agencia aeroespacial propia.

“INDUSTRIA ESPACIAL CATALANA”

En este sentido, en su pregunta, Vox recordaba que el pasado 27 de octubre el consejero de Políticas Digitales de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puigneró, anunció en rueda de prensa la aprobación de la estrategia para la creación de una Agencia Espacial de Cataluña a través de la “estrategia NewSpace”, cuyo objetivo sería "crear una constelación de nanosatélites del Govern que aspiramos a poner en órbita en los próximos cuatro años”.

Puigneró indicó que la idea sería que estos satélites proporcionasen servicios de observación y seguimiento de los incidentes meteorológicos, el control de cultivos y rebaños situados en lugares de difícil acceso como el Pirineo, el análisis de la contaminación atmosférica o la monitorización de la capacidad de los embalses.

Vox indica en su pregunta que la Generalitat dijo que la “intención” de su plan era “crear una industria digital y espacial propia en Cataluña ante el constante crecimiento del sector espacial”. Para ello se invertirían en esta iniciativa 18 millones de euros.

El partido de Santiago Abascal añadía en su consulta al Gobierno que el propio consejero habñia aludido en la presentación del proyecto “a la posible intervención del Estado restringiendo e impidiendo el proyecto, alegando a su favor que el espacio exterior no es competencia exclusiva del Estado y que su situación es análoga a las aguas internacionales”.