La Abogacía General del Estado interpuso ayer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

El presidente de la Junta de Castilla y León adoptó el acuerdo de aplicar la limitación de la libertad de circulación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León desde las 20.00 horas del día 16 de enero.

El Gobierno considera que el estado de alarma no ampara esa modificación puesto que en su artículo 5 establece como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [.…] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.

Por ello, el Ejecutivo central estima que el acuerdo de Castilla y León infringe nítidamente la regulación y supone una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2000.