En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Escrivá apuntó a la posibilidad de una "interpretación benévola" con “papeles sacados de contexto y alguien no se enteró muy bien”, o de una "interpretación malévola" para “crear la narrativa para dar una sensación de confrontación”. “Quienes nos han preguntado siempre se lo hemos dicho, que no hay nada de eso”, aseveró.

“No voy a estar al juego de que me marquen la agenda desde fuera” y “no creo que tenga yo que salir a desmentir cosas donde no sé ni de dónde viene”, dijo, para criticar que “estamos desviando la atención a una cosa que no ha existido ni va a existir”.

Afirmó que “todo esto no ha estado nunca en la narrativa central nuestra” para la reforma de pensiones que se está elaborando y de la que ya se han enviado unas líneas a Bruselas alineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo. “No hacemos bien a los pensionistas de este país trasladándole elementos distorsionados y no contrastados”, consideró.

El ministro explicó que se deben hacer cálculos respecto a las carreras de cotización estudiando los casos de quienes tienen lagunas o si se pueden eliminar los peores años de cotización, pero que los principales puntos sobre los que se está discutiendo con los agentes sociales versan sobre la revalorización de las pensiones manteniendo el poder adquisitivo de forma permanente, el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal, el desincentivo de la jubilación anticipada voluntaria o el nuevo sistema de cotización de los autónomos en base a ingresos reales.

“En lo que es el funcionamiento interno del Gobierno, las cosas funcionan razonablemente bien”, aunque “hay una brecha monstruosa” entre “lo que yo vivo dentro” del Ejecutivo y lo que se traslada a la opinión pública, según dijo, y añadió que “no es la primera vez que oímos cosas que después no se compadecen bien con lo que se legisla”.

Por otra parte, el ministro quiso poner en valor que ayer se acordó con los agentes sociales prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, con la novedad de incluir tres nuevas actividades entre las consideradas “ultraprotegidas” y facilitar la tramitación administrativa cuando se pase de un tipo de ERTE a otro.

También se alcanzó un preacuerdo con las principales organizaciones de autónomos para extender la prestación por cese de actividad y las ayudas Covid hasta el 31 de mayo.

En suma, se estima un coste total para las arcas públicas de unos 7.000 millones de euros en el primer semestre del año, una cantidad “manejable”, a juicio de Escrivá.