En el citado documento dirigido a los agentes sociales, al que ha tenido acceso Servimedia, el Gobierno se propone como objetivo “profundizar en la reforma de 2011” y para ello, plantea “ampliar y adecuar” el periodo de cómputo para la pensión de jubilación, con la opción de poder elegir los años a integrar. En el resumen para los agentes sociales no se precisa el número de años en que se podría ampliar.

Además, “la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión, permitiendo simultáneamente descartar los años” en los que ha habido lagunas de cotización o interrupciones “permitiría corregir situaciones de injusticia”.

El resumen precisa que “esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”.

También se recoge la reforma para asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, con una fórmula que vincule el IPC y “simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa”.

Otra reforma plantea sustituir el factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013 por incorporar “junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios” que reflejen el envejecimiento poblacional y “que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”.

El nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos en función a sus ingresos reales, la “adaptación” de las base de cotización máxima “concurrente” con la pensión máxima, la salida de gastos impropios de la financiación de la Seguridad Social o el impulso de los planes de pensiones ligados al empleo con la creación de un fondo de promoción pública de libre adscripción son otras de las nueve reformas planteadas en el plano de las pensiones remitidas a Bruselas.