Así se refleja en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de enero, en la que se establece que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes podrá ejercer sus funciones y competencias respecto a personas físicas cuya renta, a efectos del IRPF correspondiente al último periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaración hubiese finalizado, supere los tres millones de euros o que el valor de sus bienes y derechos, incluidos los exentos, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio supere los 30 millones de euros.

De esta forma, se elevan estos umbrales respecto al millón de euros, en el caso del IRPF, y los 10 millones en el de Patrimonio, en los que se fijaban anteriormente.

Asimismo, también se mantienen otros casos, como que la persona física ejerza sus actividades en todo o gran parte del territorio nacional; que presente “una posición destacada en un sector económico determinado”; que tribute en régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades o por el régimen especial del grupo de entidades del IVA; que las operaciones que realice revistan “especial importancia o complejidad en el ámbito nacional”; que se encuentre relacionado con otros obligados tributarios ya adscritos a la Delegación Central; o que se encuentre integrado en los supuestos previstos en la Ley del Deporte.

También cuando se trate de entidades aseguradoras en liquidación cuando esta función sea asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros; “que presenten indicios de la realización de fraudes en los que, por su especial gravedad, complejidad o características de implantación territorial, resulte conveniente la investigación de forma centralizada”; que presenten “una especial complejidad en cuanto a su gestión recaudatoria o indicios de posibles conductas fraudulentas de especial relevancia en este ámbito, con atención particular a la utilización de sociedades interpuestas y negocios simulados”; y cuando, por razones de eficacia, se considere necesaria la continuación de las actuaciones tributarias por la Delegación Central.

En lo que respecta a las personas jurídicas, la resolución establece que la Delegación Central de Grandes Contribuyentes podrá ejercer sus funciones sobre aquellas cuyo volumen de operaciones a efectos del IVA haya superado los 200 millones de euros durante dos ejercicios consecutivos, un umbral situado anteriormente en 100 millones durante tres ejercicios.

Para cesar esta adscripción a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes el volumen de operaciones de la sociedad deberá ser inferior a 200 millones de euros durante dos ejercicios consecutivos.

Además, también estarán adscritas a esta Delegación aquellas personas jurídicas cuyo volumen de información suministrado a la Administración Tributaria haya superado los 20.000 registros durante dos ejercicios consecutivos -anteriormente el umbral era de 10.000 registros durante tres ejercicios- y cuyo ámbito de actuación exceda del de una comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía.

La Delegación Central de Grandes Contribuyentes es un órgano central de la Agencia Tributaria creado en 2005, con competencias en todo el territorio nacional, que ejerce, respecto a los contribuyentes adscritos a la misma, todas las competencias y funciones propias de la Agencia Tributaria para la aplicación del sistema tributario estatal y aduanero, con la excepción, por razones de agilidad y operatividad, de funciones de gestión aduanera, de gestión e intervención de Impuestos Especiales y de gestión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.