Esas 750 propuestas podrían movilizar potencialmente una inversión público-privada en torno a los 30.000 millones de euros, según señala el departamento que dirige Reyes Maroto en un comunicado difundido este viernes coincidiendo con la finalización del plazo de consulta.

El objetivo de esta iniciativa es “movilizar proyectos tractores en sectores estratégicos y sus cadenas de valor con amplio impacto sobre su competitividad, productividad y generadores de empleo, que contribuyan a la doble transición verde y digital y a la cohesión territorial”.

“Estamos muy satisfechos con la elevada participación que demuestra el gran interés de las empresas españolas en mejorar y crecer gracias a la colaboración público-privada y a las ayudas europeas, a pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia. Una vez analizados los resultados, podremos elaborar un mapa de grandes proyectos para la modernización de la industria española”, afirma Maroto.

Por sectores, destacan las propuestas presentadas en los ámbitos agroalimentario, automoción, turismo, economía circular, industria electrointensiva, papel, naval, fabricación de equipos electrónicos, aeronáutica, espacio y retail.

Las propuestas muestran una participación que incluye la totalidad del territorio nacional e involucra a las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas.

Una vez expirado el plazo de consulta, el Gobierno analizará las solicitudes y en febrero espera tener una primera categorización.