Según precisó este lunes el Tribunal de Cuentas en un comunicado, el informe se ha centrado en los ingresos de la agencia obtenidos por la gestión, en 2018, de la denominada tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos de cuidado personal; y por los servicios prestados a la Agencia Europea de Medicamentos, que constituyen los principales ingresos de la agencia española.

Entre las “deficiencias” de gestión que describe, destacan la relativa al procedimiento de recaudación de la tasa de los epígrafes de cobro periódico, en el que la falta de un sistema de alerta al sujeto pasivo sobre la obligación de efectuar el pago y de seguimiento de las autoliquidaciones no presentadas propicia, a juicio del tribunal, que se produzcan “impagos no advertidos” por la agencia, que no eran reclamados.

El informe destaca algunos incumplimientos de la normativa, como que un 10% de las solicitudes sujetas a la tasa se presentaron superando el plazo establecido, así como la falta de utilización de la vía ejecutiva para la recaudación de los impagos producidos, hecho que, puntualizó, “ha empezado a corregirse recientemente”.

Además, respecto al registro de las operaciones relativas al epígrafe 1.9 ‘Tasa anual simple de mantenimiento de un medicamento de uso humano ya autorizado’, en el estado de liquidación del presupuesto de ingresos no se incluye el importe correspondiente a 1.249 medicamentos autorizados cuyos titulares no habían pagado la tasa por dicho epígrafe en el último trimestre de 2018, por un importe estimado en 476.131,29 euros.

En la cuenta del resultado económico patrimonial no se incluye el importe de los ingresos de este epígrafe devengados el 1 de enero de 2018 y no cobrados, y cuya cuantía no se ha podido determinar, según el informe.

El informe finaliza con un conjunto de recomendaciones, dirigidas esencialmente a la Agencia, pero también al Ministerio de Sanidad y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre ellas la propuesta de modificación de la normativa específica de la tasa; la introducción de un mayor detalle de la información contable y un mayor rigor en la imputación de los costes asociados a las actividades.

Asimismo, propone la informatización de los procedimientos pendientes, procurando la gestión integral de la tasa de forma que exista interrelación automática entre las aplicaciones informáticas de las distintas unidades administrativas afectadas y cauces de comunicación y de traslado de la información y el establecimiento de un procedimiento que permita solventar las deficiencias de la gestión de los epígrafes de cobro periódico.

La fiscalización ha tenido carácter integral y sus objetivos han consistido en la comprobación del cumplimiento de la normativa aplicable, el análisis de la representatividad contable de las cuentas anuales y la valoración de los procedimientos de gestión, todo ello referido a los citados ingresos.

Asimismo, se han abordado cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en las normativas sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, y sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.