Como ya se solicitó cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas, el CGE sostiene que es primordial que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia.

"Cabe recordar que la actual falta de limitación en el precio de estas mascarillas está suponiendo una oportunidad de oro para algunos comercios especializados, entre ellos oficinas de farmacia, que están especulando desde hace meses con este material sanitario", aseguró el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

"Las mascarillas FFP2 son un bien de primera necesidad para los ciudadanos y por tanto es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos", añadió el presidente.

"De hecho hay que ir más allá y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria", aseveró Pérez Laya, quien añadió que "lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato".

USO PROLONGADO

Según el CGE, la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los "errores más frecuentes" que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas. "Esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del virus a los demás", señaló la institución.

Además, una vez comprobado científicamente el contagio por aerosoles "es recomendable el uso de las mascarillas FFP2, y no las quirúrgicas, debido al contacto directo con otras personas en ambientes cerrados, masificados y con poca ventilación". Por este motivo, el CGE, cree que es "primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo". Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas.