La cifra contrasta con los 19.623 millones (el 1,58%) que representaba en el acumulado comparable de los primeros once meses del año 2019, lo que implica que la factura ha engordado este año en 67.979 millones en el mismo plazo y coincidiendo con los gasto extraordinarios asumidos por la pandemia de la Covid-19.

Son datos facilitados este viernes por el Ministerio de Hacienda, según los cuales 72.400 millones corresponden con el déficit de la Administración Central y equivale a un 6,46% del PIB, muy superior al 0,92% que representaba en el periodo equivalente del pasado año.

La cifra se dispara porque el déficit del Estado sube de 10.902 a 72.256 millones de euros (de representar un 0,88% del PIB a suponer el 6,45%).

Al aumento del déficit en el conjunto de las administraciones públicas -excluyendo las corporaciones locales- también contribuye el correspondiente a los fondos de la Seguridad Social, cuyo saldo pasó de restar 5.102 millones (un 0,41% del PIB) entre enero y noviembre del año 2019 a casi multiplicarse por cuatro y suponer un déficit de 18.425 millones (-1,65%) un año después en el periodo comparable.

En contraste, las comunidades autónomas presentan un superávit de 3.223 millones (0,29% del PIB) frente a un déficit por valor de 3.094 millones un año antes y que equivalía al 0,25% del PIB.

Según detalló el Ministerio de Hacienda, los datos "recogen, una vez más, el impacto sobre las operaciones realizadas por el conjunto de las administraciones públicas en un contexto económico y social extraordinario ante la situación de pandemia".

EL ESTADO ASUME LOS GASTOS SANITARIOS

Precisamente es el Estado el que más dispara su desfase, con un déficit de 72.256 millones (equivalente a un 6,45% del PIB), que supone multiplicar por casi siete veces el que tenía en el mismo periodo del año 2019: eran 10.902 millones, el 0,88% del PIB.

Se explica en que ha asumido "gran parte del coste de la emergencia sanitaria", conforme explica Hacienda. El déficit, que se reduciría al 4,63% si se descuenta el gasto en intereses, se produce al dispararse un 19,2% los gastos, hasta los 234.684 millones; mientras que los ingresos colapsaban un 12,7%, hasta los 162.429 millones.

Casi el 89% del incremento experimentado por los gastos del Estado se encuentra, de hecho, relacionado con la emergencia sanitaria, siendo precisamente los más destacados aquellos relacionados con las transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas para garantizar los recursos suficientes en la lucha contra la pandemia.

Por su parte, los Organismos de la Administración Central registraron un déficit de 144 millones, cifra un 72,6% inferior al registrado en 2019 y situándose así en el 0,01% del PIB. Su mejora tiene que ver con un aumento del 1,4% de los ingresos, también por mayores transferencias del Estado, y una caída del 0,6% en los gastos.

SUPERAVIT EN COMUNIDADES AUTONOMAS

Al asumir el Estado buena parte de la factura de la pandemia, las comunidades autónomas presentaron un superávit del 0,29% del PIB, frente al déficit del 0,25% del periodo comparable en el año previo.

Sus ingresos crecen hasta noviembre un 8,5%, con expansiones del 14,5% en las transferencias por los mayores recursos recibidos del Estado, y un aumento del 4,2% de los ingresos fiscales. Los ingresos asociados a los impuestos sobre la renta y el patrimonio crecieron, en concreto, un 13,7%, "fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación", indicó Hacienda. Sin embargo, los ingresos asociados a los impuestos sobre la producción y las importaciones descendieron un 22,6%, en línea con la caída registrada en el ITP y AJD.

Por su parte, la partida de gastos aumentó un 4,6%, con incrementos del 9,4% en los consumos intermedios debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. El pago de los salarios aumentó a su vez un 5,7% por la subida retributiva general y por el impacto de la Covid-19.

Las transferencias sociales en especie crecieron a su vez un 2,9%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia. Las subvenciones se elevaron un 13,9% y las prestaciones sociales un 6,8%.

Entre los gastos que descienden, el Ministerio señala, además, las transferencias entre administraciones públicas, que caen en un 1,5%, así como los intereses y la inversión, que disminuyen en un 16,7% y en un 1%, respectivamente.

12 CCAA PRESENTARON SUPERÁVIT

Por regiones, indicó que todas las comunidades autónomas, salvo Navarra y País Vasco, registraron hasta noviembre un comportamiento más positivo que hace un año. Un total de 12 comunidades lograron además situarse en superávit, salvo Navarra (-0,57% de déficit), País Vasco (-0,98%), Castilla-La Mancha (-0,08%), Comunidad Valenciana (-0,50%) y Murcia (-0,83%).

Con la información transmitida por las comunidades autónomas, el impacto derivado de la pandemia alcanzó los 7.089 millones en gasto socio-sanitario.

Otro organismo que encajó la crisis con mayor déficit son los fondos de la Seguridad Social, con un 1,65% del PIB, ya que la crisis sanitaria impactó con fuerza especialmente sobre las prestaciones sociales. Sus recursos o ingresos crecieron hasta noviembre un 14,1%, especialmente por las transferencias recibidas del Estado, frente a los gastos no financieros, que aumentaron un 22,1%.

El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la Covid-19 se situó en 27.247 millones, lo que representa el 2,46 % del PIB, con los datos existentes hasta el momento.

El Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 5.111 millones, un 0,46% del PIB. Esta cifra recoge el impacto de la transferencia de 18.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio.

EL 97% DE LAS SUBVENCIONES SON EXONERACIONES EN CUOTAS

Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales aumentaron en 1.727 millones, debido fundamentalmente a la revalorización para 2020 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la consiguiente actualización de bases mínimas y del tope mínimo de cotización.

Por el lado de los gastos, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se situaron en 142.907 millones, un 8,8% más, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectado por la pandemia.

En cuanto al gasto en subvenciones del sistema, ascendió a 6.768 millones, de los cuales el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

El Servicio Público de Empleo Estatal registró a su vez un déficit de 13.245 millones. Las cotizaciones sociales descendieron un 0,9%, frente a las prestaciones por desempleo, que crecieron hasta alcanzar en noviembre los 33.392 millones.

Su evolución está afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto, todas ellas, supusieron un gasto a finales de noviembre de más de 14.364 millones, de forma que los beneficiarios de prestaciones derivadas de la cobertura frente a la Covid-19 fueron el 54,8% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las subvenciones del Servicio Público de Empleo (SEPE) ascendieron a 3.104 millones, un 41,5% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la pandemia y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.

Por último, el Fogasa registró hasta noviembre un resultado negativo de 69 millones debido a la reducción de los ingresos un 0,8%, y un aumento de los gastos en un 50,8%.