La medida fue anticipada por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hace unos días y desveló que se aplicaría “hasta el 31 de marzo", en línea con el marco europeo existente.

El Gobierno incluyó las moratorias hipotecarias dentro el escudo social aprobado durante el estado de alarma y posteriormente prorrogó su acceso hasta el pasado mes de septiembre, haciendo extensiva su aplicación a créditos sin garantía hipotecaria o para el consumo o hipotecas sobre viviendas o locales en régimen de alquiler.

Con la moratoria se imponía el aplazamiento de la cuota íntegra -capital e intereses- durante tres meses, siempre que los titulares justificasen una situación de vulnerabilidad ya preexistentes o una merma significativa de los ingresos por la Covid-19.

Posteriormente la banca lanzó una moratoria más generosa en colectivos, al ser accesible para personas que no cumpliesen el perfil de extrema vulnerabilidad fijado por real decreto para la moratoria legal, y más amplia en el tiempo. La solución sectorial admitía aplazamientos del capital -sólo se pagan los intereses- en hasta seis meses para créditos al consumo y de doce meses para hipotecas.

Bajo dichos programas las entidades aún mantenían casi 1,38 millones de moratorias al cierre del pasado ejercicio, con un saldo vivo pendiente de amortización de 54.451 millones de euros.

Según los datos del Banco de España, ahí se incluían 222.000 hipotecas acogidas a la moratoria legal y con un capital pendiente total de amortización de 19.970 millones; y otras 363.176 operaciones distintas a financiaciones hipotecarias, por 2.684 millones de euros.

A dichas cifras hay que sumar otras 794.385 operaciones aprobadas por la banca con la moratoria sectorial y con una deuda pendiente total de 31.389 millones de euros.