En la rueda de prensa para exponer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, Pérez Rey señaló que el propósito del Gobierno es “intentar alcanzar un acuerdo en el diálogo social, pero está claro que la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo”.

En este sentido, afirmó que en el caso de que no lo haya, “tendremos que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación en torno a la naturaleza jurídica” de los repartidores.

El Gobierno viene trabajando con los agentes sociales desde hace meses en una norma que clarifique los criterios para determinar que los trabajadores de plataformas tienen un contrato laboral y no son autónomos, siguiendo la sentencia del Tribunal que dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma.

Esta norma es una de las enviadas a la Comisión Europea dentro del paquete de reformas comprometidas para recibir fondos europeos.