En una entrevista concedida a Onda Cero recogida por Servimedia, Delgado explicó que hasta el momento no ha recibido notificación administrativa de la concesión del tercer grado a pesar de que la Generalitat ratificó esta decisión hace ya una semana, lo que ha permitido a los reos salir de prisión y participar activamente en actos prelectorales.

La fiscal general restó importancia al tiempo transcurrido porque se trata de un trámite administrativo que, por el momento, se mueve en plazos normales y evitó achacar el tiempo transcurrido a una intención explícita de retrasar la posible presentación de un recurso para que los presos puedan hacer campaña para los comicios del 14 de febrero. “La regulación es difusa. No tenemos marcados unos plazos”, aseveró.

Cuando llegue la documentación “se estudiará y se emitirá el preceptivo recurso o lo que proceda”. En ese sentido, recordó que el Tribunal Supremo ya ha dictado nueve autos, uno por cada preso, en “los que se establece una doctrina”, así que la decisión se tomará de acuerdo con “esos precedentes”. Y concluyó: “Se va a ir en línea del Supremo”, que ya consideró insuficiente el tiempo de pena cumplido para acceder a un régimen de semilibertad.

Delgado también se pronunció sobre los indultos que están en proceso de tramitación y pendientes de informe del Supremo. Hasta ahora los fiscales del Supremo que ejercieron la acusación en el juicio han emitido un informe contrario a la medida de gracia. Dijo en este punto que “los fiscales en esto y en todo tienen autonomía, pero me va a permitir que no me manifieste. No debo manifestarme en ninguno de los dos sentidos” porque será el Consejo de Ministros el que valorará “el expediente, los hechos y las circunstancias" para tomar una decisión.

En relación a la posibilidad de una amnistía, la fiscal general dijo que la Constitución no hace referencia a esa posibilidad y puso cuidado en resaltar que “las figuras del indulto y de la amnistía son distintas”. Puntualizó que el indulto general “está proscrito” y que esta medida es personal y puede ser parcial.

La valoración le compete al Ejecutivo, que es "quien tiene que determinar si concurren las razones de equidad y justicia que establece la propia ley. El Consejo de Ministros es quien valora todo el expediente y los hechos para tomar una decisión".

Sobre el borrador de la ley trans por la que se permite a los menores, a partir de 16 años, cambiar sexo en el registro sin informe médico, Delgado evitó pronunciarse hasta que se conozca el texto final, ya que "al parecer ni siquiera es un anteproyecto porque no ha pasado ni la primera vuelta en el Consejo de Ministros". Con todo, insistió en que "es muy importante reconocer los derechos y libertades".