Dijo que se trataría de una nueva entidad independiente y con funciones en materia de investigación de conductas de corrupción sanitaria y de difusión de información y formación en materia de integridad.

Por la fórmula adoptada en la proposición, al tratarse de una agencia de carácter nacional, deberá ser aprobada primero en la Asamblea de Madrid y posteriormente pasaría a debate y votación en el Congreso de los Diputados.

Además, este mismo miércoles, los grupos municipales de Más Madrid de San Fernando de Henares, Coslada, Pozuelo de Alarcón, Collado Villalba y Valdemoro presentaron mociones con esta proposición en sus respectivos ayuntamientos para que se dé respaldo municipal a esta iniciativa.

“La corrupción sanitaria provoca un doble impacto: en materia de salud y en materia económica. Necesitamos homologarnos a nuestros vecinos europeos y dotarnos de herramientas que nos permitan prevenir, investigar y evitar la corrupción sanitaria. Algo tan valioso como la sanidad pública no puede ser presa de prácticas corruptas”, explicó Mónica García.

Esta agencia, con capacidad de sanción y competencias en todos los niveles sanitarios del Estado, supondría “un freno a prácticas tales como la alteración de las listas de espera, los sobornos, la corrupción en la contratación, las relaciones de marketing inadecuadas, el abuso de poder en niveles de responsabilidad altos, el fraude y la malversación en medicinas y tecnologías médicas, los conflictos de intereses o el nepotismo”.

A su vez, se establece un mecanismo de protección y tutela de derecho de los ciudadanos que comunican o denuncian a la citada agencia un hecho que pueda ser subsumible como acto de corrupción sanitaria.

La Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud podrá aplicar sanciones que, en función de su gravedad, oscilarán entre los 1.000 euros y los 100.000 euros. Siempre que se apreciaran concurrencia de indicios de actuaciones constitutivas de delito la agencia dará traslado de las mismas al Ministerio Fiscal, al que brindará su apoyo y colaboración si fuese requerido.

García dijo que la corrupción sanitaria tiene un coste de miles de millones al año en toda Europa y señaló que mientras los países vecinos tienen mecanismos para hacer frente a esta lacra, España sigue sin tener un organismo público especializado en esta materia.

“Con esta agencia contra la corrupción sanitaria seríamos capaces de prevenir las alteraciones de las listas de espera y de los órdenes de vacunación que estamos viviendo estos días, o el fraude y la malversación en medicinas y tecnología médica o las relaciones de marketing inadecuadas. Muchas de las prácticas que se han normalizado y que pervierten la sanidad española no tendrían cabida”, señaló García.

Además, manifestó que “la pandemia nos ha enseñado que necesitamos sistemas sanitarios robustos, sólidos, preparados para lo extraordinario. Por desgracia también hemos comprobado que en España la sanidad está agujereada, como un queso gruyere, por la corrupción y eso nos hace ser más vulnerables y estar menos preparados”.