Si los cierres de escuelas continúan y no se reanudan los programas sociosanitarios contra esta práctica, unas 200.000 niñas cada año se sumarán a los 4 millones anuales que ya antes de la pandemia padecían esta práctica.

Además, destacaron que “poner fin a estas prácticas implica a un amplio grupo de actores: encargados de formular políticas a nivel mundial, regional, nacional y local; la sociedad civil, desde las pequeñas organizaciones de base comunitaria y los grupos a favor de los derechos de la mujer, hasta las organizaciones no gubernamentales internacionales; los agentes del cambio, desde docentes y trabajadores sanitarios a líderes religiosos y personas de la tercera edad locales, así como funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden”.

Según la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, incluso en aquellos países en los que ya están disminuyendo los casos de mutilación genital femenina, es necesario multiplicar el avance por diez para cumplir con el objetivo mundial de su eliminación para 2030. “Esto requerirá alrededor de 2.400 millones de dólares en el transcurso de la próxima década (cerca de 2.000 millones de euros)”, estimó, lo que representa menos de 100 dólares por niña. “Es un precio muy pequeño a pagar para preservar la integridad corporal de una niña, su salud y su derecho a decir “no” a esa violación de sus derechos”, añadió.

Sin embargo, la mayor parte de este dinero aún no se ha recaudado, por lo que exigió “actuar rápidamente, de manera decidida y en muchos frentes al mismo tiempo”. A su juicio, “tenemos que garantizar que las niñas tengan acceso a educación, a atención sanitaria –incluidos servicios de salud sexual y reproductiva– y a medios de subsistencia, y también que estén protegidas por leyes, políticas y nuevas normas sociales". Además, pidió fomentar “las habilidades de liderazgo de las adolescentes y sus pares masculinos e inspirar su poder para hablar y decir 'basta' a todas las formas de violencia, incluidos los ataques violentos a sus cuerpos”.