Según estas ONG, "España exporta material de defensa a destinos en los que éste puede contribuir a cometer violaciones de derechos humanos, exacerbar conflictos armados o deteriorar su desarrollo sostenible".

Estas organizaciones demandan al Gobierno que facilite "información precisa sobre los criterios que han permitido autorizar exportaciones a países con un historial preocupante, como Colombia, Israel, o Sri Lanka".

Las organizaciones reclaman al Gobierno "el pleno cumplimiento de la legislación española, la normativa europea y las obligaciones de España en virtud del derecho internacional a la hora de autorizar o denegar licencias de exportación de material de defensa y de doble uso".

Las ONG indican que, según las últimas estadísticas anuales presentadas al Congreso de los Diputados en 2008, "se realizaron transferencias de material de defensa por valor de 934 millones de euros, una cifra ligeramente superior al año anterior a pesar de la crisis económica".

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, esta cifra coloca a España como el sexto país exportador del mundo, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Por otro lado, las citadas organizaciones perciben como "positivo el compromiso del Gobierno y del Parlamento español para poner fin a la fabricación y exportación de bombas racimo, tal y como marca la nueva Convención para la prohibición de las bombas de racimo, que España ratificó el pasado 17 de junio".

Sin embargo, el portavoz de Amnistía Internacional, Francisco Ortego, aseguró que es preocupante que el Gobierno español "siga sin plantearse la urgente necesidad de suspender las exportaciones de material de defensa y doble uso a Israel (157.200 euros autorizados y 2,3 millones euros realizados en el 2008) hasta que no haya garantías fiables de que no se utilizarán para cometer violaciones del derecho internacional humanitario".

"El Gobierno debe controlar escrupulosamente el destino y uso final de este material que se vende a África Subsahariana, principalmente a Ghana, país al que España vendió 2.8 millones de euros de munición de caza", indicó el portavoz de Greenpeace, Mabel Bustelo.

Según Bustelo, "España le ha vendido a este país 15 millones de euros de armas y munición de caza desde 2004, por lo que hay que garantizar que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o posconflicto en las que puede ser utilizado indebidamente".