La fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, pidió esta mejora en los canales de denuncia durante su participación en el diálogo sobre 'Violencia contra las Mujeres Mayores: una mirada interseccional' organizado por Servimedia junto a la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).

También Segarra hizo hincapié en la "infradenuncia" existente entre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género, ya que tan solo el 62% de las mujeres mayores de esta edad denuncian su situación (por escrito o de forma verbal), frente al 85% de las mujeres entre 16 y 65 años que denuncian.

Uno de los factores que agrava esta infradenuncia es el silencio social “cómplice del maltrato” en el que viven las mujeres mayores, según aseguró la experta en Políticas Públicas de Igualdad Soledad Murillo. Este silencio “cómplice” se refiere a que familiares, profesionales de los cuidados u otros ámbitos e instituciones “ocultan” la violencia y no denuncian por intereses económicos o reputacionales, entre otras cosas.

A ambos problemas se suman otros factores que también agravan las violencias (física, económica o psicológica) que viven las mujeres mayores como, por ejemplo, la dependencia económica, el aislamiento o soledad no deseada, su institucionalización o la falta de conciencia como víctimas.

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, y la presidenta de HelpAge Internacional España y representante de la PMP, Isabel Martínez Lozano, quienes también participaron en el dialogo, pusieron también el foco en estas últimas cuestiones.

María José Segarra y Soledad Murillo, durante el diálogo | Foto de Jorge Villa

OTROS AGRAVANTES

Peláez subrayó el “riesgo” que viven muchas mujeres mayores en residencias, donde puede estar invisibilizada una situación de violencia contra ellas y denunció la existencia una vulneración del derecho a tomar sus propias decisiones de las mujeres con discapacidad.

La representante de la Fundación Cermi Mujeres puso el foco en la “falta de datos” sobre mujeres mayores y con discapacidad, que obstaculiza diseñar políticas “efectivas” para abordar sus problemas, en este caso, el de la violencia que sufren. Además, todas las participantes coincidieron en la necesidad de actualizar las encuestas que traten los problemas de las mujeres mayores.

Del mismo modo, Martínez Lozano incidió en que otro de los factores que agrava la violencia sobre las mujeres mayores es su contexto familiar, “normalizan” la violencia tras vivirla durante “décadas”, dependen económicamente de su posible maltratador y/o lo “cuidan”. En esta línea, Segarra apuntó que los hijos de mujeres pueden “chantajearlas” por su dependencia económica.

Además, Martínez Lozano alertó que el machismo está resurgiendo entre los jóvenes y está “legitimado” socialmente, por las redes sociales y algunos discursos políticos, principalmente.

PROPUESTAS

Para atajar esta problemática, Segarra defendió que la ampliación de competencias judiciales para violencia sobre la mujer ayudará a mejorar la atención judicial de las víctimas y proyectos como convenios con, por ejemplo, asociaciones de notarios y Cruz Roja contribuirán a dicha mejora.

En su caso, Soledad Murillo puso en relieve la necesidad de ofrecer una educación en igualdad, con asignaturas como la retirada ‘Ciudadanía’ y desde el “respeto” a la infancia. Martínez Lozano incidió en la necesidad de sensibilización social sobre violencia machita con campañas como ‘Ya no es amor’, de la PMP, dirigida a mujeres mayores.

Finalmente, Peláez pidió que las instituciones tengan en cuenta “situaciones particulares” de las mujeres para avanzar en políticas públicas y abogó por la denuncia ciudadana, porque “todos somos responsables, no solo poderes públicos”.