Algunos de sus miembros comparecieron hoy ante la prensa en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) para denunciar la pasividad de la Administración ante el "fraude hipotecario generalizado" y "las cláusulas contractuales abusivas" impuestas durante años por algunas entidades bancarias y presentar sus reivindicaciones.

Destacaron entre sus reivindicaciones la de que se paralicen los desahucios y se regule la dación en pago de la vivienda con carácter retroactivo; y advirtieron a las administraciones local, autonómica y central que si hacen caso omiso a sus peticiones, promoverán las movilizaciones y las acciones necesarias "para hacer respetar nuestros derechos".

Aída Quinatoa, portavoz de la PAH, explicó que "los bancos facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflando el precio y aumentando así la deuda contraída".

Quinatoa sumó a todo ello una larga serie de irregularidades, como "comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc.". Todo ello, aseguró, para "optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener".

Los afectados reconocen su parte de responsabilidad en la situación que padecen "al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener", pero creen que el problema se agrava por la "mala regulación del sistema bancario español", que hace que "no sólo corramos el riesgo de perder nuestras casas y quedarnos en la calle, sino también de mantener parte de la deuda" al tasar ahora los bancos las mismas viviendas a precios inferiores.

Y todo ello se está produciendo, según denuncian, ante la pasividad de una Administración que "no está proponiendo ninguna solución", y a la que dirigen sus reivindicaciones. A corto plazo, exigen paralizar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, "para asegurar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional" y "garantizar el acceso a la justicia gratuita a quienes se enfrentan a un proceso de ejecución hipotecaria".

A medio plazo, reclaman la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo, de manera que "si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como permiten otros países de la UE o en EE.UU.". La PAH también solicita a las administraciones la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social, según informó la Fravm.