El informe de Anticorrupción, firmado por los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía, ha sido presentado esta jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien deberá decidir ahora si admite a trámite la querella e investiga el caso.

Se trata de una querella presentada por 93 inversores en pagarés del “holding” de la familia Ruiz-Mateos y dirigida contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino.

La Fiscalía considera que el caso es competencia de la Audiencia Nacional, ya que los hechos denunciados se refieren a “una presunta defraudación con efectos sobre una generalidad de personas distribuidas por el territorio”. El informe señala que podría haber cerca de 1.000 afectados en toda España.

Los denunciantes, en respuesta a una campaña publicitaria, entregaron en préstamo a algunas de las sociedades del “holding” conocido como Grupo Nueva Rumasa diversas cantidades de dinero, pactando su devolución en uno o dos años junto con unos intereses del 8, 10 ó 12 por ciento. El total de las inversiones alcanzaría la suma de 9.444.768 euros.

La querella afirma que ni las empresas emisoras de los pagarés ni sus avalistas están en condiciones de devolver esos importes al encontrarse en situación de insolvencia. Los denunciantes consideran que esta situación preexistía y les fue ocultada al tiempo de entregar esos fondos.

“OPACIDAD” DE RUMASA

El informe de la Fiscalía Anticorrupción subraya que “la delimitación del grupo de empresas conocido en los medios de comunicación como Nueva Rumasa –117 según su propia publicidad– resulta muy difícil, si no imposible, dado que las mismas no forman un grupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una matriz común”.

La Agencia Tributaria considera que ese grupo de sociedades podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y “actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones”.

Caracteriza, además, a este grupo de empresas por su “total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes u otros territorios de riesgo –27 sociedades de Belice, 2 de Panamá y 4 de Holanda– cuyo representante suele ser uno de los que considera sus testaferros habituales”.

La Fiscalía se opone, en cambio, a que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el caso, tal y como piden los denunciantes.