El magistrado acordó el 1 de diciembre de 2010 preguntar a Marruecos antes de decidir si admite o no a trámite las querellas interpuestas por el hermano de Buyema y la Liga Española pro Derechos Humanos. Los querellantes recurrieron esta decisión.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presididos por Ángela Murillo, han decidido ahora desestimar íntegramente el recurso y confirmar la actuación del juez Moreno en esta causa.

El tribunal concluye que la decisión de Moreno de esperar a la respuesta de las autoridades marroquíes fue “totalmente acertada” y afirma que el juez “ha actuado de manera impecable y respetuosa con la ley y la jurisprudencia”.

“Resulta preciso que con carácter previo a resolver sobre la admisión o inadmisión de las querellas, se acredite la existencia o inexistencia de investigación efectiva de los hechos denunciados por parte de la administración de justicia de Marruecos”, señala el auto hecho público hoy por la Sección Cuarta de lo Penal.

Los magistrados destacan además que “la propia legislación interna española está reconociendo manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión de los hechos” con el objetivo de “evitar la duplicidad de procesos”.

LESA HUMANIDAD

Las querellas acusan a tres ministros marroquíes de crímenes de lesa humanidad y homicidio por su presunta responsabilidad en el asalto al campamento Gdeym Izik, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2010, y en la muerte del ciudadano de pasaporte español, que se produjo en los posteriores incidentes en El Aaiún.

La Fiscalía pidió solicitar información a Marruecos en un escrito en el que dijo ver indicios de delitos de lesa humanidad en la actuación de las autoridades marroquíes.

La competencia de la Audiencia Nacional para los crímenes cometidos contra españoles en el extranjero es subsidiaria, es decir, está supeditada a que en el país en el que se produjeron los hechos no se esté llevando a cabo ya una investigación real y efectiva.

“Parece obvio que la propia legislación interna española está reconociendo manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión del delito”, señalaba el escrito de la Fiscalía.

El Ministerio Público indicaba que las querella, aunque “de forma genérica y un tanto

imprecisa”, describe “violaciones de los derechos humanos”, como “asesinatos, torturas, lesiones, detenciones ilegales, todo en el marco de la actuación por parte de las fuerzas marroquíes para reprimir la protesta pacífica de los habitantes del poblado”.

Las querellas van dirigidas contra los ministros de Exteriores, Taib Fasi Fihri; Interior, Taieb Cherkaui, y Defensa, Abderrahmane Sbaï, así como contra el gobernador marroquí de El Aaiún, Mohamed Guelmouss, a los que acusan de delitos de genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestros y para los que piden el procesamiento, la detención inmediata y el ingreso en prisión provisional.