Según informaron conjuntamente el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Igualdad, la citada declaración se ha aprobado a propuesta de ambos departamentos.

El texto reza que “las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo asumiendo, casi en exclusiva, las responsabilidades domésticas y de cuidados en los sectores más precarizados, infravalorados y, muchas veces, en la economía informal” y señala que la brecha de género supuso un coste de casi 320.000 millones de euros a la Unión Europea, casi un 2,4% de su PIB en el ejercicio 2018.

El Gobierno se compromete a “avanzar un paso más hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030”, y en particular, “en la consecución de los objetivos 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; y 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas”.

“La prioridad es, ahora, crear un escudo social para que ninguna persona -en particular las mujeres, que son las más afectadas por la precariedad laboral- vea su vida empeorada”, recalca el texto.

La declaración institucional recuerda que, desde el inicio de la crisis provocada por el Covid-19, se ha aprobado “un paquete de medidas extraordinarias que toma en consideración la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres” y los reglamentos sobre planes de igualdad y su registro y sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres antes de la pandemia, en octubre de 2020.

El próximo 14 de abril entrará en vigor el real decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, un texto “que coloca a España al nivel de los países más comprometidos en esta materia, garantizando la efectividad de la igualdad retributiva al establecer mecanismos de transparencia retributiva potentes y ágiles”.