Montero lanzó esta acusación contra los dos gobernantes del PP durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde los periodistas le preguntaron por las condiciones de vida de las familias residentes en la Cañada Real, que llevan meses quejándose de falta de electricidad, sobre lo que la empresa responsable del suministro ha manifestado que hay sobrecargas en la red por enganches ilegales.

La portavoz del Ejecutivo aseguró que “no puede haber dudas sobre la apuesta del Gobierno por la igualdad” de los ciudadanos en el acceso a derechos fundamentales, y presumió de que ha aprobado prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital para ayudar “a familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que se ven obligadas a vivir en condiciones para nada respetables y decentes”.

Montero lamentó que estas personas viven en “asentamientos que no cuentan con las condiciones básicas para el suministro esencial” de la electricidad, pero señaló que “no podemos sustituir nunca el trabajo de otra administraciones”.

En este punto, expuso que “no interviene el Gobierno de España ante la inacción” de otras administraciones como la comunidad autónoma o el ayuntamiento porque no puede incurrir “en ningún caso en usurpación de funciones” y sólo puede limitarse a plantear un “reproche a las administraciones” correspondientes.

Montero aprovechó también para señalar que el precio medio de la electricidad es actualmente “un 70% inferior” a la primera quincena de enero, cuando se produjo un “pico” como consecuencia de la tormenta de nieve Filomena y la posterior ola de frío que atravesó España. Por lo tanto, señaló que ese precio fue “absolutamente coyuntural” y ahora prosigue “la tendencia a la baja” de los últimos meses.