La oficialmente denominada proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para la regulación del voto por los españoles que viven en el extranjero, que cosechó 343 votos a favor de su toma en consideración, consta de un artículo único, que reforma el artículo 75 de la Loreg y modifica dos apartados de los artículos 103 y 107 de la misma.

Contempla la eliminación del voto rogado, que ya no tendrá que solicitarse, sino que la propia Oficina del Censo se lo remitirá a los inscritos en el CERA; la posibilidad de descargarse telemáticamente las papeletas y la ampliación del escrutinio general de 3 a 5 días después de la votación, para recoger todos los votos del exterior.

Comenzó el debate, en nombre de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, quien narró casos individuales de españoles en el exterior que no pudieron votar y sintetizó que, con la reforma de la Loreg de 2011 que, recordó, “se pacta entre PP y PSOE”, e instaura el voto rogado, el porcentaje de emigrantes que votan pasó del 31% al 4-6%.

Además, deslizó que, siendo aquel año el del 15-M y uno de gran éxodo juvenil al extranjero, “no es difícil ver una intencionalidad política”, y terminó llamando a los grupos parlamentarios a “estar a la altura” de la gente y “no darle sólo voz, sino también voto”.

La diputada del PSOE Pilar Cancela reconoció que la reforma de 2011 que su grupo apoyó “no solamente ha impedido ejercer el derecho al sufragio activo” sino que ha instalado en los españoles emigrados la sensación de haber sido “castigados y considerados ciudadanos de segunda”.

Justificó que entonces había sospecha de irregularidades en el recuento del voto exterior, y que éste era tan numeroso que podía decidir gobiernos. Pero pidió perdón en nombre del PSOE a todos esos ciudadanos, por haber “atenazado su participación” y por “haber llegado tarde”.

Cancela sentenció: “Patria es más que una bandera, allí donde esté un español o española está España. La ciudadanía plena no se ruega, se ejerce, y votar es la manifestación plena de la democracia”.

PP, VOX Y ERC

Desde el PP, José Antonio Bermúdez de Castro justificó la reforma de 2011 por las “durísimas acusaciones” de fraude de voto lanzadas por partidos de izquierda, pero reconoció que había causado un efecto no deseado por el legislador. En esa línea, se declaró a favor de suprimir el voto rogado, pero manteniendo las garantías de identificación del votante para que no haya fraude.

Además, atribuyó a su partido, en la subcomisión que se creó y tuvo que abortarse por la repetición electoral de 2019, medidas como retrasar dos días el escrutinio, por lo que se declaró también a favor. Eso sí, tampoco aprobó que la papeleta se descargue de forma automática porque generaría un impedimento para el voto de personas que no dispongan de conocimientos o recursos telemáticos, y dijo preferir que se generalice el voto en urna.

El diputado de Vox Carlos José Zambrano comenzó alabando a los Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor frente al terrorismo callejero, para a continuación calificar de “doblemente injusto” el tratamiento dado a los jóvenes que, además de tener que emigrar por el fracaso de las políticas de los gobiernos españoles, luego se enfrentaron a la “imposibilidad de ejercer el voto”.

Una vez que Cancela había pedido perdón a los españoles en el extranjero, en nombre del PSOE, por no haber corregido antes el “esperpento” de la reforma de 2011, subrayó que todavía faltaba oír las disculpas del PP. Atribuyó el retraso a los respectivos cálculos electorales de los dos grandes partidos, a quienes recordó que la Constitución mandata a facilitar el derecho al voto a los emigrados. No obstante, pidió una reforma más ambiciosa, con normas que frenen la compra de votos.

En representación de ERC tomó la palabra Marta Rosique, quien denunció lo antidemocrático de todo lo relativo al voto rogado, pero recordó que hace meses ERC presentó una proposición similar y acusó al PSOE y Unidas Podemos de “jugar sucio” al haber utilizado la Mesa del Congreso para calificar su propia iniciativa antes de que llegara la del grupo catalán.

Rosique también pidió que puedan votar los jóvenes desde los 16 años, una exigencia de la que advirtió de que su grupo no se va a olvidar, y que se incorporen facilidades como el voto electrónico y el voto delegado.

CIUDADANOS, PNV Y EH BILDU

Por Ciudadanos intervino Miguel Gutiérrez, quien recordó que el Parlamento Europeo ya expresó en 2016 su preocupación por los efectos del voto rogado, y que su partido ya incluyó su derogación en sus respectivos pactos de investidura con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, que, dijo, “no querían ni oír hablar de esto”.

Además, aprovechó para sugerir también incluir en esta reforma hasta ahora “muy poco ambiciosa” las listas abiertas, el recuento proporcional, el mínimo del 3% de votos para entrar en el Parlamento y que los votos de cualquier territorio valgan lo mismo.

En esta línea, anunció que Cs presentaría enmiendas para introducir estas “cositas” que, aseguró, impidieron tener mayoría absoluta en su día a Inés Arrimadas y el pasado 14 de febrero al candidato socialista, Salvador Illa, a las elecciones catalanas.

Desde el PNV, Mikel Legarda recriminó al PSOE y Unidas Podemos que volvieran a incurrir en los defectos que ya les afeó en la XII legislatura, cuando presentaron una iniciativa idéntica: no haber apurado las negociaciones para alcanzar un mayor consenso y afinar algunos flecos. Algo que atribuyó a la “intransigencia e impaciencia” de ambos grupos.

Aun anunciando su voto a favor, defendió también que el PNV apoyara la reforma de 2011 por las “fundadas sospechas de fraude electoral”, concretadas en que había más gallegos centenarios en Uruguay que en toda Galicia o que una persona recogiera los votos de toda luna colonia y los enviara.

También subrayó que el CNI desaconseja el voto electrónico por no poder protegerlo de ciberataques. En nombre de EH Bildu, Jon Íñarritu sugirió, en una línea parecida a la de Legarda, revisar el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), pues contiene los nombres de muchos españoles nacidos antes de 1900.

GRUPOS PLURAL Y MIXTO

Dentro del Grupo Parlamentario Plural, Mariona Illamola, de Junts per Catalunya, advirtió de que eliminar el voto rogado no será la panacea, porque dependerá de los servicios postales y de los horarios en embajadas y consulados, especialmente en casos de pandemia. Por eso llamó a introducir el voto electrónico de forma complementaria, como lo hay ya en Estonia, Francia o EEUU, y anunció que JxCat introducirá como enmienda.

Joan Baldoví, de Compromís, citó el ejemplo de un votante suyo que se lo había anunciado tras recorrer 3.000 kilómetros, y subrayó en referencia a los españoles residentes en el exterior que “ellas y ellos esperaban más de nosotros, y, sobre todo, más prisa” para suprimir el voto rogado.

Finalmente, Néstor Rego aseguró que el BNG tiene “mucho interés” en que los gallegos emigrantes puedan votar, y por ello pidió añadir a la proposición la ampliación de los horarios de voto en urna, entre otras adiciones que presentará como enmiendas.

Del Grupo Mixto intervinieron Ana Oramas, de Coalición Canaria, y la CUP. Oramas recordó que a la reforma de 2011 los únicos que se opusieron fueron el excoordinador de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y ella misma.

Advirtieron, según apuntó, lo que recoge en su exposición de motivos la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, y sólo pidió que se habilite el voto en urna para votantes de determinada edad o situación económica o que vivan en países con poca fiabilidad del servicio de Correos.

Por su parte, Albert Botran sugirió que Correos firme convenios de colaboración con los servicios postales de los países donde vivan españoles para que den prioridad a estos envíos, y llamó a corregir la “desidia de embajadas y consulados” a la hora de informar del procedimiento a los españoles en el exterior.