Este requerimiento fue solicitado por la Abogacía del Estado en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto de los condenados por liderar el ‘procés’ y que fueron condenados por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal.

En concreto, la Sala II del Supremo, a través de un oficio, pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.