En enero de 2020 el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad requerir a la Fiscalía que estudiara la posibilidad de interponer una querella por delito de desobediencia contra Torrent por admitir la tramitación de dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al rey Felipe VI.

Las dos iniciativas fueron recurridos por el Gobierno del PSOE y se debatieron en sede parlamentaria en octubre de 2019. El Constitucional entendía que las resoluciones del Palament atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba y dejaba sin efecto la declaración en la que la Cámara autonómica proclamó el inicio del ‘procés’.

En su decisión de entonces, advirtió expresamente a la Mesa de que no debía dar curso a cualquier actuación relacionadas con los apartados anulados de esas mociones. La Fiscalía explica en su querella que el 22 de octubre de 2019, los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y CUP registraron una propuesta de resolución por la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el 'procés' en la que se reivindicaba “el derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político".

La Fiscalía sostiene que "pese a las expresas advertencias de la ilegalidad" los querellados acordaron admitir a trámite la propuesta de resolución, "a sabiendas de lo ordenado y apercibido" por el Tribunal Constitucional. Es decir, eludieron "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir" las resoluciones del Constitucional.

Eso mismo sucedió cuando el órgano de gobierno del Parlament aceptó el 22 de octubre de 2019 tramitar otra resolución firmada por los mismos grupos, en la que se reiteraba la "reprobación de la monarquía", haciendo caso omiso de las advertencias del secretario general de la Cámara que advirtió de la situación.