La denuncia penal se ha tramitado ante el Fiscal General Alemán del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe y contiene un documento de más de 500 páginas que da cuenta de casos contra 35 periodistas, incluido el del columnista saudí asesinado Jamal Khashoggi y los de 34 reporteros encarcelados en Arabia Saudí.

“Un crimen contra la humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil cometido por individuos con plena consciencia de dicho ataque. En Arabia Saudí, los periodistas, que son población civil según el Derecho Internacional, son víctimas de ataques generalizados y sistemáticos”, denunció la ONG.

La denuncia muestra que los periodistas “son víctimas de múltiples actos que constituyen crímenes contra la humanidad, entre los que se cuentan el homicidio voluntario, la tortura, la violencia y coacción sexual, la desaparición forzada, la privación ilegal de la libertad y la persecución”.

Reporteros Sin Fronteras ha identificado a cinco sospechosos principales de estos supuestos crímenes, y apunta en concreto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, y a su asesor más cercano, Saud Al-Qahtani, así como a otros tres altos funcionarios saudíes.

A todos ellos les acusa de responsabilidades en la organización o la ejecución del asesinato de Khashoggi, así como por su participación en el desarrollo de una “política de Estado destinada a agredir y silenciar a los periodistas”.

El 26 de febrero, la oficina del director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos publicó un informe desclasificado de la CIA que reitera elementos inculpatorios previos y que viene a confirmar las propias conclusiones de RSF, según las cuales tales crímenes contra la humanidad centrados en periodistas son “el resultado de una decisión tomada por el propio príncipe heredero como parte de una política sistemática”.

“Los responsables de la persecución de periodistas en Arabia Saudí, y especialmente del asesinato de Jamal Khashoggi, deben responder por sus crímenes”, declaró el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

La ONG ha acudido a la justicia alemana porque considera que su sistema “es el más adecuado para presentar una denuncia de este tipo, ya que las leyes alemanas le otorgan jurisdicción sobre los principales delitos internacionales cometidos en el extranjero” y porque los tribunales alemanes “ya han demostrado su disposición y voluntad de enjuiciar a criminales internacionales”.

Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018. Las autoridades saudíes reconocieron oficialmente que el asesinato fue cometido por agentes saudíes, pero se negaron a asumir ninguna responsabilidad por lo que denominaron un “acto de matones”.

Algunos de los agentes que participaron en la operación fueron procesados ​​y condenados en Arabia Saudí durante un juicio a puerta cerrada que, según RSF, quebrantó todas las normas internacionales para un juicio justo. En cuanto a los principales sospechosos, siguen totalmente fuera del alcance de la justicia.